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Tribuna
La firma digital
Domingo,  23 de Junio, 2019
Aunque existe la normativa y debería ser ya una realidad en el tráfico jurídico, la firma digital sigue siendo todavía una desconocida, ignorada y hasta menospreciada por sus propios mentores. En efecto la Ley N° 164, de 8 de agosto de 2011 (Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías e Información y Comunicación), la define como la firma electrónica que identifica únicamente a su titular, creada por métodos que se encuentren bajo el absoluto y exclusivo control de su titular, susceptible de verificación y está vinculada a los datos del documento digital de modo tal que cualquier modificación de los mismos ponga en evidencia su alteración. 
 
Esta Ley declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación para procurar el vivir bien de todas las bolivianas y bolivianos. Y dispone que el Estado fomentará el acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de información y comunicación, debiendo promover de manera prioritaria el desarrollo de servicios de las tecnologías en la gestión gubernamental, como mecanismo para crear nuevos sistemas a fin de atender la demanda social, facilitar su acceso a nivel interno de cada unidad gubernamental, y entre las mismas entidades gubernamentales.
 
La normativa reconoce validez jurídica y probatoria a: 1) El acto o negocio jurídico realizado por persona natural o jurídica en documento digital y aprobado por las partes a través de firma digital, celebrado por medio electrónico u otro de mayor avance tecnológico; 2) El mensaje electrónico de datos; 3) La firma digital. El Gobierno central ha reglamentado el uso de la firma digital, y ha definido dos niveles respecto a los mecanismos que son utilizados para su creación: 1) Nivel de seguridad normal, cuando las claves pública y privada sean generadas mediante software; 2) Nivel de seguridad alto, cuando las claves pública y privada sean generadas mediante dispositivos electrónicos criptográficos de seguridad especializado conforme a estándares aprobados por la autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes.
 
Mientras en Bolivia ingresamos a la era tecnológica con la firma digital, el Paraguay, mediante Ley Nº 4.017, de 23 de diciembre de 2010, ha creado el expediente electrónico y la firma electrónica, la firma digital, los mensajes de datos, su utilización, habilitación y prestación de los servicios de certificación. Si bien esta normativa está destinada para la administración pública, no excluye al poder judicial y, por tanto, constituye un paso relevante para la modernización y tecnificación del Estado paraguayo. En concreto, esta Ley (art. 37) entiende por “expediente electrónico” la serie ordenada de documentos públicos registrados por vía informática, tendientes a la formación de la voluntad administrativa en un asunto determinado.
 
En la tramitación del expediente administrativo, podrán utilizarse expedientes electrónicos total o parcialmente, de acuerdo con las siguientes reglas: 1) El expediente electrónico tendrá la misma validez jurídica y probatoria que el expediente tradicional; 2) La documentación emergente de la transmisión a distancia, por medios electrónicos, entre dependencias oficiales, constituirá, de por sí, documentación auténtica y hará plena fe en cuanto a la existencia del original trasmitido; 3) La sustanciación de actuaciones en la Administración Pública, así como los actos administrativos que se dicten en las mismas, podrán realizarse por medios informáticos; 4) Cuando la sustanciación de las actuaciones administrativas se realice por medios informáticos, las firmas autógrafas que la misma requiera podrán ser sustituidas por firmas digitales, entre otros.
 
En todo caso, el Estado boliviano tiene que dar el ejemplo y masificar la utilización de la tecnología de punta, de modo que permita revolucionar el centenario archivo, los registros y el tráfico jurídico en general. Estos adelantos tecnológicos contrastan, por ejemplo, con los servicios notariales donde los interesados tienen que comparecer ─en persona─ a una Notaría y además de firmar, tienen que poner su impresión dactilar en un documento hecho por un servidor que representa la Fe del Estado, lo cual supone un retroceso jurídico en pleno siglo XXI. En realidad, esta huella tampoco garantiza ─en su integridad─ la licitud del acto, máxime cuando proliferan la suplantación de personas y falsificación de los documentos de identidad de los comparecientes.    
 
*Jurista y autor de varios libros
Acerca del autor:
William--Herrera-Anez--
William Herrera Añez
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