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Economía
Ley de pensiones
Según la fundación Milenio, la nueva ley de pensiones subió los aportes y bajó el monto de las pensiones
Pone en duda el financiamiento sostenible de prestaciones, puesto que al mes de abril de 2013, el número de trabajadores afiliados supera el millón y medio de personas, y tomando en cuenta que los aportes han aumentado para los trabajadores y los empleadores, y si continúa la tendencia de crecimiento del número de jubilados, “desde el punto de vista financiero la duración del fondo no está garantizada”.
Domingo,  9 de Junio, 2013
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Ref. Fotografia: La Central Obrera Boliviana, COB, durante las protestas para la modificación de la ley de pensiones.

 La Fundación Milenio consideró que el Gobierno cometió muchos “errores técnicos” en la Ley 065 de Pensiones y que estos se manifestaron antes de cumplir los dos años de vigencia provocando una masiva movilización de mineros, obreros, médicos, maestros, policías y otros sectores que forman parte de la Central Obrera Boliviana (COB).

 
En una extensa evaluación pormenorizada, la Fundación concluye que la Ley No 065 comete errores e incumple los principios internacionales de la Seguridad Social que son la solidaridad, la economía, la eficacia, la oportunidad y el financiamiento sostenible en el tiempo.
 
El conflicto desatado por la Central Obrera Boliviana (COB) el mes pasado tuvo como origen el pedido de que se analice y evalúe el monto de la pensión solidaria de vejez con base en las últimas 24 papeletas de pago, con el total ganado; la modificación de 33 artículos de la Ley 065; la realización de un estudio matemático actuarial de sostenibilidad del Fondo Solidario y la participación de la entidad de los trabajadores en el directorio de la Gestora Pública que administrará los aportes.
 
El Gobierno, a su turno, se comprometió a realizar un estudio matemático actuarial con participación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), puesto que la Ley 065 ha omitido el estudio matemático actuarial que es indispensable para el diseño sustentable de un sistema de pensiones.
 
Además, conformar equipos técnicos para revisar por lo menos 30 artículos de la Ley 065, lo que implica que “si requiere tan pronto de tantas reformas no parece ser una buena ley”.
 
También propuso el Gobierno reponer una pensión equivalente al 70% del salario como establecía la antigua Ley 1732, en vez del 60% previsto en la Ley 065. Y, finalmente, revivir el Fondo Complementario de la Policía Nacional para garantizar una pensión equivalente al 100% de su salario.
 
Para Milenio, “la ley subió los aportes y bajó las pensiones, la gente no está de acuerdo en pagar más para recibir menos”.
 
“La Ley en vigencia respeta los depósitos en la cuenta individual mientras se ahorra, pero el momento en que el asegurado necesita utilizar su dinero para poder jubilarse, se transfiere su saldo acumulado a un fondo común destinado a repartir pensiones inequitativas porque no todos aportaron en la misma proporción”, puntualiza la evaluación.
 
Además, considera que “se ha multiplicado el número de jubilados con pensiones financiadas por una bolsa común donde la pensión ya no depende del ahorro previsional y como hay más gente que accede al beneficio seguramente el fondo alcanzará para más personas pero a costa de recibir menores pensiones. Si continúa la tendencia de crecimiento del número de jubilados, desde el punto de vista financiero la duración del fondo no está garantizada”.
 
SOSTENIBILIDAD: El estudio de Milenio sostiene que el principio establece que: La administración de los recursos debe ser tan rigurosa y eficaz para que la seguridad social pueda afrontar con garantía sus obligaciones de pagar las prestaciones.
 
“Aportar una parte del salario durante diez años y recibir una pensión equivalente al 60% del salario en promedio durante más de veinte años, no resiste el mínimo análisis aritmético”, señala la Fundación al recordar que en cumplimiento a la Ley 065, el ahorro de los trabajadores que al mes de abril de 2013 alcanzaba a 7,976 millones de dólares), “será objeto de inversión en el marco de los límites previstos en reglamento a ser emitido por el Órgano Ejecutivo, cuando opere la Gestora Publica que sustituirá a las AFP”. 
 
“Existe el peligro de que al ser el Estado juez y parte, la inversión de los aportes sea destinada a proyectos ajenos al interés previsional y en ese caso, la seguridad social no podría afrontar con garantía sus obligaciones de pagar las prestaciones”, señala una de las dudas de Milenio.
 
Por el contrario, las inversiones de los fondos de capitalización individual efectuadas por las AFP estaban sujetas a límites, clasificación de riesgo y criterios de diversificación, rentabilidad y seguridad.
 
En consecuencia, el financiamiento sostenible de prestaciones, al mes de abril de 2013, además del número de trabajadores afiliados que supera el millón y medio de personas, y tomando en cuenta que los aportes han aumentado para los trabajadores y los empleadores, y si continua la tendencia de crecimiento del número de jubilados, “desde el punto de vista financiero la duración del fondo no está garantizada”.
ANF
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