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Economía
Editorial
Una cuestión de voluntad
Lunes,  27 de Mayo, 2013

Los productores nacionales enfrentan con estoicismo pero sin resignación una dura y prolongada situación de indefensión frente al avasallamiento de sus tierras productivas desde el año 2001. Esta situación resulta más dramática en el caso de los productores cruceños agrupados en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), porque la mayor parte de las propiedades avasalladas se encuentra en el departamento de Santa Cruz, lo que ilustra la dimensión del daño provocado a la producción agropecuaria regional. La gravedad del asunto radica, sin embargo, en el lento proceso de recuperación de tierras afectadas.
 
Los productores cruceños siguen encontrando enormes dificultades, tanto burocráticas como jurídicas, para recuperar sus predios de manos de los avasalladores. También ha tenido su puntual influencia la continua remoción de los responsables del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del frecuente cambio de la titularidad en la Fiscalía Distrital. En otras palabras, los tristes avatares de la política se han conjurado en contra de los intereses de los propietarios de los predios productivos, al grado que el desalojo de los avasalladores ha resultado poco menos que un saludo a la bandera, en tanto que los graves perjuicios económicos siguen golpeando a los legítimos dueños.
 
Vistas las cosas desde esa perspectiva, es evidente que la mayor parte de los avasallamientos ha tenido su origen en el oportunismo político, gracias a la temeraria permisividad del oficialismo. Hasta donde se sabe, existe conexión entre exfuncionarios del INRA y simpatizantes del partido en función de Gobierno, para ocupar tierras, merced al acceso privilegiado a información sobre la situación jurídica de las propiedades. Esto quiere decir que solo una auténtica voluntad política por parte del Gobierno será precisa para desalojar a los avasalladores de las tierras con función social de producción agropecuaria, y así restituir las propiedades a sus legítimos propietarios.
 
Conviene señalar que últimamente se han logrado interesantes avances en la elaboración de normas jurídicas que sancionan el avasallamiento de propiedades, que corresponde destacar en su justa dimensión. Por otra parte, la apertura del Gobierno a importantes sectores de la agropecuaria cruceña ha hecho alentar justificadas esperanzas para que se haga justicia de una vez por todas. No obstante, el Gobierno está en condiciones de demostrar su voluntad política de acercamiento a Santa Cruz con medidas destinadas a acelerar el proceso de restitución de las propiedades usurpadas. El que se haya recuperado tan solo el ocho por ciento de las tierras dice mucho de esta ingrata situación.
 
Cerca de 75.000 hectáreas productivas en Santa Cruz siguen ocupadas por campesinos que han trasgredido el ordenamiento jurídico, no solo al proceder con violencia sino ignorando el derecho propietario. La ocupación de tierras productivas resulta, pues, un contrasentido a la política gubernamental de apoyar la seguridad alimentaria. Por ello, el Gobierno debe desalojar cuanto antes a los avasalladores para devolver a los productores las tierras ocupadas. Luego, gracias a una voluntad política bien entendida, alentar el proceso jurídico hasta establecer con claridad el derecho propietario. Lo contrario significa poco más que alentar la inseguridad jurídica para producir alimentos.

El Gobierno debe desalojar cuanto antes a los avasalladores para devolver a los productores las tierras ocupadas. Luego, gracias a una voluntad política bien entendida, alentar el proceso hasta establecer con claridad el derecho propietario.

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