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Tribuna
Jurisprudencia constitucional que debe preocupar (I)
Martes,  14  de Diciembre, 2010

Acaba de celebrarse el 10 de diciembre de 1948, los sesenta y dos años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el más importante documento que compromete a la comunidad internacional a velar por el respeto y la vigencia de los mismos. Y son los tribunales constitucionales (o cortes o salas constitucionales) que cumplen, o deben cumplir, un rol decisivo al ser órganos jurisdiccionales encargados de hacer efectiva la protección a los derechos fundamentales de las personas.  

A propósito del tema, nos ha parecido que el Tribunal Constitucional de nuestro país, conformado este año, ha sentado una preocupante jurisprudencia en la que ya no considera como derecho fundamental la seguridad jurídica, que había merecido una cuidadosa sustentación doctrinal y jurídica a fin de que sea respetado y protegido, pero que de acuerdo con la nueva jurisprudencia ya no es un derecho sino un principio partiendo para ello del nuevo texto constitucional que lo ha llevado a sostener ese criterio. Por tanto la seguridad jurídica no podrá merecer tutela alguna y se cierra toda posibilidad de reclamar su protección.
La jurisprudencia que comentamos, con la disidencia oportuna y bien fundada del magistrado Marco Antonio Baldivieso Ginés, está, entre varias otras, en la SC 731/2010-R, donde el Tribunal señala: “…. No obstante, al presente, y en vigencia de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, la seguridad jurídica, no se encuentra consagrada como derecho fundamental, sino como un principio que sustenta la potestad de impartir justicia emanada del pueblo (art. 178 de la CPE); y por otro lado, como un principio articulador de la economía plural en el modelo económico boliviano (art. 306.III de la CPE). Y luego añade de manera terminante que la seguridad jurídica al ser un principio no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo.  

Por su parte, la jurisprudencia emanada de la Constitución abrogada, vigente entonces, fundándose en su art. 7.a) había establecido que la Constitución “consagra a la seguridad como uno de los derechos fundamentales de las personas (entendida como exención de peligro o daño, solidez, certeza plena, firme convicción), de lo que se extrae que es deber del Estado proveer seguridad jurídica a los ciudadanos asegurando a todos, el disfrute del ejercicio de los derechos públicos y privados fundamentales que le reconocen la Constitución y las Leyes; principios que se hallan inspirados en un orden jurídico superior y estable (Estado de Derecho), que satisfaga los anhelos de un vida en paz, libre de abusos”(SC 649/2002-R).
Estos dos casos de jurisprudencia, según se ve, son contrapuestos porque mientras en el uno, que se transcribe al principio, la seguridad jurídica deja de ser un derecho, en el otro copiado en el párrafo precedente (SC 649 /2002-R) se lo reconoció como tal. Ahora bien, para asimilar la seguridad jurídica a la calidad de principio y no de derecho el Tribunal actual se funda, aparte de hacerlo en la Constitución y jurisprudencia españolas, en que la nueva Constitución Política no consagra a la seguridad jurídica como derecho, sino como principio que sustenta la potestad de impartir justicia, de manera que no es viable otorgarle tutela, aunque haciendo una verdadera elipse interpretativa el mismo Tribunal afirma que no puede ser inobservado y los órganos jurisdiccionales están obligados a velar por su cumplimiento en los casos sometidos a su jurisdicción.

Con este criterio jurisprudencial, resulta ahora remota la posibilidad de que sea protegida la seguridad jurídica en los casos que están pendientes de solución cuando era un derecho. Es decir que toda protección solicitada para el derecho a la seguridad jurídica cuando estaba vigente la Constitución abrogada, no obtendrá resultado alguno, dándose la situación singular o insólita, si se quiere, de que el haber reclamado con toda legitimidad y legalidad la tutela del derecho a la seguridad jurídica en vigencia de la anterior Constitución, ahora con el criterio adoptado por el Tribunal, tal derecho ya no existe porque se lo ha convertido en principio en la nueva, promulgada el 7 de febrero de 2009.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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