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Editorial
Prueba de fuego
Lunes,  6 de Julio, 2020
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Suponemos que la Alcaldía y la Gobernación de Santa Cruz están suficientemente preparados para que el inicio de la nueva etapa de la cuarentena no se transforme en un caos que se traduzca en la explosión de la pandemia, como ocurrió en Cochabamba, la primera ciudad que autorizó el funcionamiento del transporte público y que hoy está pagando muy cara esa decisión tan apresurada.

El retorno del transporte público es el elemento fundamental de la flexibilización que inicia este lunes. Los micros, los taxis, los truffis y todas las modalidades conocidas, suponen un mayor movimiento de gente, aglomeración en las paradas, mayor contacto dentro de los vehículos y también un incremento de la afluencia a los mercados públicos, lugares de alto riesgo para el contagio.

Las facilidades de circulación devolverán la normalidad a gran parte de la actividad pública y privada, retornarán los trámites y alentarán a muchos ciudadanos a dejar la seguridad de su hogar para salir por cualquier motivo, ya sea justificado o no.

Cuando hablamos de “prueba de fuego” es porque en tan solo unos días se debe conocer si la flexibilización resulta ser una medida eficaz, cuyos resultados son positivos y también se debe prever cualquier señal de alerta, para que esta prueba crucial pueda adquirir otro rumbo o mantener su continuidad.

Para hablar en términos médicos, nuestras autoridades deben actuar con una precisión quirúrgica, medir al milímetro cada paso que se da y evaluar a cada instante las consecuencias de cualquier decisión antes de avanzar a la fase siguiente. La valoración y el control estricto son cruciales para no cometer errores y no olvidemos la reciente advertencia de la Organización Mundial de la Salud que anticipa una complicación de la pandemia en nuestro país.

Los responsables de la ciudad y del departamento han anunciado un celoso operativo de vigilancia policial y militar, promesa que se viene haciendo desde el inicio de la emergencia, pero que lamentablemente no se ha hecho patente hasta la fecha. No se puede confiar en el libre albedrío de la población, cuya indisciplina y desacato han contribuido al contagio y menos en el buen juicio de los transportistas,  que constantemente están buscando oportunidades para la transgresión, sin importar la seguridad y el bienestar de los usuarios.

¿Se ha previsto la eventualidad de dar marcha atrás en caso de que la flexibilización no funcione como estaba previsto? ¿Existe un plan B? ¿Se ha acordado con los transportistas la posibilidad de disminuir la cantidad de vehículos en circulación o el riesgo de que se pueda recurrir nuevamente a la suspensión? ¿Qué pasará si se produce un nuevo pico de contagios? ¿Estamos preparados para enfrentarlo? ¿Hay los suficientes servicios para atender a los pacientes? Son preguntas que deben estar resueltas antes de esta prueba de fuego.

Cuando hablamos de “prueba de fuego” es porque en tan solo unos días se debe conocer si la flexibilización resulta ser una medida eficaz, cuyos resultados son positivos y también se debe prever cualquier señal de alerta, para que esta prueba crucial pueda adquirir otro rumbo o mantener su continuidad.

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