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 19 de Octubre de 2019
Encuentro
Gremiales y transportistas susceptibles de perder sus bienes y analistas ven la norma como arma de persecución
Califican de 'ley maldita' al proyecto de Extinción
Debate. El rechazo de dos sectores frenó la norma que autoriza la incautación de bienes por un valor superior Bs 70 mil en casos de contrabando y narcotráfico.
Sábado,  3  de Noviembre, 2012
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Ref. Fotografia: Masivo. Cientos de gremiales bloquearon varias arterias de la capital cruceña en rechazo de la Ley de Extinción de Dominio que ya fue aprobada en grande.

Sectores  como los gremialistas y transportistas, calificaron de "ley maldita" al proyecto de Extinción de Dominio de Bienes.

Normativa que consideran pone en tela de juicio los bienes de los ciudadanos que tengan su patrimonio arriba de los Bs 70 mil.

Esta norma ya fue aprobada en grande por la Cámara de Diputados, pero su tratamiento al detalle está en suspenso ante el rechazo de los comerciantes y los conductores sindicalizados.

Los gremiales por ejemplo han marchado y bloqueado en Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro, porque consideran que el centralismo les está metiendo la mano al bolsillo.

El dirigente gremial, Jesús Cahuana, enfatizó que aquellas personas que tienen de capital arriba de los $us 10 mil están sujetos a decomiso.

"Es una ley maldita porque a sola denuncia de cualquier ciudadano, le intervienen sus bienes y tienen 5 días para demostrar que son bien habidos y no producto del narcotráfico, el contrabando o la corrupción y es un tiempo insuficiente para probarlo", comentó el gremialista.

Cahuana, junto con los otros dirigentes de su sector en Santa Cruz bloquearon el pasado martes las distintas arterias de la capital cruceña, por considerar un atentado no solo a su sector sino a la población en su conjunto.

Apropiarse de bienes de transportistas. Ante el fracaso del diálogo con el Gobierno, los transportistas siguiendo la misma línea de los gremialistas, exigen la anulación del proyecto de Ley de Dominio porque afecta a los intereses de sus afiliados.

Mario Guerrero, dirigente del sector, dijo que están en emergencia permanente, en contra de la intención del centralismo de apropiarse de sus bienes que los adquirieron con esfuerzo.

Indicó que el único fin gubernamental es despojarlos de sus herramientas de trabajo como microbuses o camiones.

Indicó que es difícil demostrar cómo adquirieron esos bienes, ya que sus fuentes de trabajo es construida por ellos mismos.

Adelantó que los conductores sindicalizados de Santa Cruz se sumarán a las próximas medidas de presión que sean organizadas por su confederación.

Están ejecutando el comunismo. Por su parte, la diputada de Convergencia Nacional (CN), Norma Piérola, explicó que la intención mayor del gobierno de Evo Morales es ejecutar el comunismo en Bolivia, por lo que pide desobediencia civil a la norma.

"El proyecto no ha sido pasado a la Comisión de Justicia Plural, que es la única instancia para ser aprobada con el informe, sino que de manera deliberada fue derivada a la Comisión de Constitución", comentó la opositora.

Dijo que la mencionada comisión, compuesta entre suplentes aprobó el proyecto legal que atenta contra la Constitución. Indicó que la norma por la vía administrativa pretende anular la propiedad privada.

Además de confiscar bienes inmuebles, muebles y recursos a personas que tienen igual o mayor a los Bs 70 mil.

Indicó que también debe demostrar ante la Subprocuraduría del Estado la licitud de dichos bienes, caso contrario les extinguen el derecho de propiedad y se los remata por el valor del 75% de su costo.

Un recado a quienes se oponen a la norma. Ante las diferentes movilizaciones de los sectores, el Movimiento Al Socialismo (MAS) a la cabeza del presidente Evo Morales, arremetió contra los activistas. Los acusó de estar defendiendo a los narcotraficantes y contrabandistas y es por eso que se oponen a la ley de Extinción de Dominio de Bienes. Similar criterio es manejado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.

Por ese motivo, gremialistas y transportistas amenazan con medidas más drásticas al rechazar las sindicaciones del centralismo por considerarlas ofensivas y malintencionadas.

No tiene en cuenta la realidad social. Según el analista político y escritor Emilio Martínez, explicó que la ley debe tener en cuenta la realidad social del país y ser acompañada de instrumentos jurídicos que faciliten el registro de la propiedad informal.

"La Ley de Extinción de Dominio sería muy positiva, de no ser porque en Bolivia existe una débil protección y registro del derecho de propiedad", explicó el experto.

Comentó que con una economía que tiene un 70% de informalidad, plantear la reversión al Estado de los bienes cuyo derecho propietario no pueda ser demostrado, genera lógicas preocupaciones en varios sectores.

"Hasta ahora el transporte es el que ha protestado con mayor fuerza, pero pensemos en otros casos: por ejemplo, se estima que el 40% de las viviendas en Santa Cruz de la Sierra no cuentan con titulación. ¿Qué sucederá entonces?", cuestionó Martínez.

Advierten de los riesgos.
Mientras que el expresidente y actual director del Colegio Departamental de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, afirmó que la Ley de Extinción se presta a actos de extorsión.

"Los gobernantes de turno pueden utilizar esta vía para intimidar, callar o realizar  persecuciones políticas incluso a familiares  de quienes piensen diferente al partido de Gobierno", afirmó el jurista cruceño.

Advirtió lo que podría pasar si se rematan bienes a una persona que después del proceso resulta ser inocente.

¿Le devolverían el mencionado bien que le expropiaron?, cuestionó el director del ente colegiado cruceño.

Por esas argumentaciones, Paz dijo que es un proyecto de ley inconstitucional y está dirigido a la persecución y el hostigamiento para conseguir fines políticos y económicos en beneficio de los gobernantes de turno.

 Puede ser usada como arma política. El periodista y analista económico Humberto Vacaflor, aseveró que la normativa de Extensión de Dominio pretende ser usada como un arma política.

Vacaflor indicó que en cualquier momento podría ocurrir que cualquier figura pública sea señalada como sospechosa.

Manifestó que la figura de confiscación de bienes se tornaría peligrosa,  si fuera usada con propósitos político-partidario como al parecer se lo pretende hacer.

"Casualmente los gremialistas se sintieron aludidos y amenazados, porque hay odios entre comerciantes y en cualquier momento alguien podía denunciarlos y esto es poner una especie de guillotina", indicó el politólogo.

"Es una ley maldita porque a sola denuncia de cualquiera le intervienen sus bienes y tienen y tienen cinco días para demostrar que son bien habidos y no producto del narcotráfico, el contrabando o la corrupción y ese es un tiempo insuficiente para probarlo'.

Jesús Cahuana
Dirigente Gremialista

"El único fin del Gobierno central es apropiarse de nuestros bienes que tanto nos costó adquirirlos. Nos están metiendo la mano al bolsillo y eso no lo vamos a permitir, por eso exigimos que se derogue esa ley que afecta a los bolivianos en general'.

Mario Guerrero
Dirigente del Transporte

"Están comenzando a ejecutar el comunismo en Bolivia con la Ley de Extinción de Dominio, es por eso que les pido desobediencia civil. Pretenden eliminar la propiedad privada y la confiscación de sus bienes que tienen un patrimonio arriba de los $us 10 mil".

Norma Piérola
Diputada Convergencia Nacional

Ley de extinción
Causales de la norma en favor del Estado

Ley de extinción de dominio de bienes. Artículo 5

La acción de extinción de dominio de bienes a favor del Estado procede cuando.

1. En caso de bienes identificados en flagrancia en actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

2. Cuando en proceso judicial existan los elementos suficientes para determinar que los bienes son producto, instrumento o medio de actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

3.- Contra los bienes de cualquier servidor o servidora publica, que al interior de un proceso judicial o administrativo existan elementos suficientes para determinar que son productos de beneficios otorgados a personas vinculadas a actividades de narcotráfico, contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

4.- Contra los bienes afectados en procesos penales por delitos de narcotráfico,contrabando, corrupción y legitimación de ganancias ilícitas.

Punto de vista

Ángel Paz
Director del Colegio de Abogados

"Se violenta el principio de la presunción de inocencia"

'Visto la Ley y las posiciones de los Colegios de Abogados de Bolivia son coincidentes en los siguientes aspectos: 1.- Se violenta el principio de presunción de inocencia, regulado por el art. 16.I de la Constitución, y el art. 8.2) del Pacto de San José de Costa Rica y art. 6 del Cód. de Pdto. Penal, se presume la inocencia mientras no se pruebe lo contrario mediante sentencia condenatoria ejecutoriada, ello porque se extingue el derecho propietario antes de tener sentencia penal ejecutoriada. 2.-El derecho al debido proceso y la defensa, recogido por el art. 115.II de la CPE y Art. 117.I de la CPE y art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica que prevé que: toda persona tiene derecho a ser oída y juzgada por juez natural, independiente, competente e imparcial, debido a que en este caso la autoridad que inicia, investiga y sanciona con la extinción de un determinado bien, es el propio  beneficiario, convirtiéndose el Poder Ejecutivo en juez y parte a la vez. El derecho de defensa, por estar restringido en razón al término de 5 días que dan para que descargue la acusación, que hace imposible que cualquier ciudadano llano pueda descargar ese término, ni siquiera obtener folio real o tradición  específica en Derechos Reales, pues antes tardaban 15 días y ahora más de 5 meses, provocando que la resolución de extinción sea sí o sí.   3.- El derecho a la propiedad privada reconocido y tutelado por el art. 56 de la Constitución el art. 21 del Pacto de San José de Costa Rica; ello porque la ley expresamente establece  que no se trata de una sanción penal y sin pago alguno, ni sentencia que declare la autoría del titular, extingue su derecho siendo que la única forma que la CPE establece que cualquier ciudadano pueda perder sus bienes es la expropiación de art. 57 de la Carta Magna". 4.- Se afecta la independencia de los poderes tutelados por el art.12 de la CPE, porque se concede al Poder Ejecutivo facultades juzgadora, siendo facultad del Poder judicial".