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Bajo el Penoco
Tribuna
Apuntes en torno a resoluciones judiciales
Miércoles,  27 de Junio, 2012

Partimos del principio de que toda sentencia emergente de un proceso judicial pone fin al litigio de manera que para su cumplimiento no deje derivaciones que podrían desvirtuar su carácter definitorio, haciéndola incierta o inaplicable y convertirla más bien en factor de incertidumbre antes que en garantía de seguridad. En cuanto a las resoluciones que deban ser emitidas en el curso de un litigio, cualquiera que sea, ellas deben reunir condiciones de  legalidad, oportunidad y ecuanimidad a fin de sujetarse al principio del debido proceso con todo lo que ello significa.

Nos servimos de este criterio para referirnos de forma somera (por cierto que merecerían un análisis más amplio), a dos resoluciones judiciales dictadas últimamente: la una en la jurisdicción constitucional y la otra en la ordinaria. Así, la sentencia constitucional No. 03002012 que declara la constitucionalidad, aunque condicionada, de la ley 222 de convocatoria a consulta “previa” a los pueblos indígenas asentados en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Recordemos que una acción de inconstitucionalidad persigue la eliminación de una ley o norma jurídica que se considera contraria a la Constitución. Una vez planteada y admitida el Tribunal Constitucional Plurinacional deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley cuestionada. La sentencia constitucional antes mencionada, en cambio, se pronuncia sobre dos causas acumuladas por su conexitud pero extrañamente en diferentes sentidos pues declara improcedente una demanda y en la otra declara una constitucionalidad condicionada, una incompatible superposición de decisiones dentro de la misma sentencia no obstante de haberse acumulado las causas por conexitud.

Compartimos por ello el criterio formulado por abogados constitucionalistas cuando señalan que no cabía declarar la improcedencia de una demanda de inconstitucionalidad que al ser admitida obligaba al TCP a pronunciarse en el fondo (ley 180) y tampoco declarar la constitucionalidad de la ley 222 condicionada a lograr consensos de los pueblos indígenas con el Ejecutivo, pues no le corresponde al TCP propiciar “diálogos” ni hacer llamadas a órganos como el Legislativo para que “coadyuven” a este objetivo por no corresponder a su delicada función en el control de constitucionalidad que no puede ser distorsionada hasta llegar a tales extremos. Esta jurisprudencia, por otra parte, podría convertirse en fuente nociva de la justicia constitucional y de la propia jurisdicción ordinaria dado el carácter vinculante de las sentencias constitucionales.

Otra decisión judicial que llama la atención es la asumida por el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz dentro del proceso seguido contra varios concejales por incumplimiento de deberes, al haberles prohibido sesionar durante 45 días. Esta medida creemos que sobrepasa los límites de la legalidad, la prudencia  y la racionalidad, Al haber involucrado la condición de concejales dentro del mencionado proceso para sancionarlos con una suspensión temporal de sus funciones, es algo que no solamente compromete la imparcialidad del juez sino que afecta a la estabilidad institucional de la Municipalidad y al ejercicio soberano del derecho de quienes fueron elegidos concejales por voto popular.
 

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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