El Fiscal General del Estado, Mario Uribe, en un pronunciamiento público rechazó enfáticamente las opiniones que según dice son "subjetivas e interesadas" que pretenden dañar su imagen, poniendo en entredicho su actuación enmarcada en la Ley, de manera independiente y autónomo.

La autoridad del Ministerio Público salió al frente ante las constantes afirmaciones que ponen en duda la imparcialidad del Ministerio Público indicando que las mismas "carecen de fundamento legal y que son interpretaciones tendenciosas, sin pruebas que faltan a la verdad indicando que estaría al servicio de intereses políticos y obedeciendo instrucciones del Gobierno".

El Fiscal General aseguró que el Ministerio Público ejerce sus funciones en el marco de la Constitución Política del Estado de acuerdo con los principios de legalidad, objetividad, responsabilidad de manera independiente y autónoma.

Uribe defendió que el Ministerio Público como parte de la estructura del Estado, en el marco de la Ley, necesariamente debe coordinar sus funciones con los demás órganos, sin que esto signifique que se encuentre sometido a ninguno de ellos, ni acepte injerencias en sus decisiones y menos presiones e intromisiones político partidarios.

"Por lo que desmiente terminantemente cualquier expresión de carácter subjetivo que ponga en duda su probidad y objetividad", afirmó Uribe al indicar que si algún ciudadano quiere referirse a la labor del ministerio Público debe necesariamente con carácter previo recurrir al contenido de los cuadernos de investigación donde se encuentran en forma objetiva todos los actuados de la investigación.

El Fiscal General ratificó que el Ministerio Público rechaza enfáticamente las opiniones subjetivas e interesadas que buscan dañar su imagen con finalidades obscuras que sólo buscan sembrar dudas en la población respecto a su labor y pese a su limitado presupuesto.

Dijo que el Ministerio Público tiene abiertas las puertas para recibir denuncias en forma personal y con pruebas y recordó que todo ciudadano tiene la obligación y responsabilidad social y legal de denunciar cualquier irregularidad o hecho delictivo cometido por fiscales o funcionarios de esta institución.

Con similares criterios el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Von Borries, también se refirió a los asuntos políticos que distraen el trabajo de la administración de justicia, refiriéndose específicamente a una denuncia del legislador opositor, Adrián Oliva, en contra de los nuevos ministros, magistrados, consejeros de la Judicatura y el Fiscal General por supuesta prórroga en sus funciones. /ANF.