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Editorial
Derechos Humanos
Domingo,  9  de Diciembre, 2018
Derechos-Humanos

Frecuentemente se escucha decir que la comunidad internacional no acudirá a Bolivia, Venezuela o Nicaragua para solucionar los problemas internos y que deben ser los propios ciudadanos los llamados a reencaminar la democracia y recuperar la vigencia del estado de derecho.

Eso es verdad, pero aquello no implica quedarse de brazos cruzados y menos aún dejar de reclamarle a los organismos supranacionales la responsabilidad que tienen en todo lo que está pasando en nuestros países.

La razón de ser de la ONU, del derecho internacional, de los pactos y todas las instancias creadas luego de 1945, es precisamente evitar que se repita un episodio tan nefasto como la Segunda Guerra Mundial, cuyo origen fue la instauración de regímenes autoritarios que crecieron y se fortalecieron sin control alguno, ante la mirada complaciente de los países que luego se vieron implicados directamente en el conflicto bélico de catastróficas consecuencias.

El arma efectiva para luchar contra los regímenes autoritarios y para promover la democracia fue la declaración de los Derechos Humanos, que ha ido evolucionando hasta alcanzar casi todas las dimensiones de la vida humana. El denominado multilateralismo se ha asegurado de poner al derecho internacional por encima de las legislaciones internas en aquellos países que suscriben los pactos, tal como sucede con la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece obligaciones, prohibiciones y sanciones a los miembros de la OEA, para que no se aparten de los parámetros democráticos consensuados y aceptados de manera libre y voluntaria.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no puede dejar de pronunciarse y rechazar la repostulación ilegal del presidente Morales, pues precisamente está haciendo mal uso del Pacto de San José de Costa Rica como excusa de la instalación de una dictadura en Bolivia.

La respuesta no puede ser ambigua y menos complaciente, en la medida que se trata de la cuarta vez que un aspirante a dictador en América Latina recurre al argumento de los derechos humanos para buscar la perpetuidad. En ninguno de los casos anteriores pudieron prosperar los propósitos totalitarios, pero esta vez estamos frente a un intento mucho más decidido y por lo tanto riesgoso para el país.

Los organismos internacionales deben comprender que la democracia todavía no está a salvo en el mundo, pues continúan los intentos de volver al pasado y recurrir a sistemas políticos que han causado tanto dolor en la humanidad. El objetivo planteado en 1945 no se ha cumplido. Cada día surge un candidato a tirano en el mundo y es deber de la comunidad internacional luchar contra ellos, usando los derechos humanos como instrumento esencial de defensa del ciudadano y no como justificación de la dictadura como se pretende en Bolivia.

La respuesta no puede ser ambigua y menos complaciente, en la medida que se trata de la cuarta vez que un aspirante a dictador en América Latina recurre al argumento de los derechos humanos para buscar la perpetuidad.

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