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Tribuna
Apuntes sobre cuestiones judiciales
Domingo,  1 de Marzo, 2015

No cabe duda de que las funciones de un juez alcanzan su mayor trascendencia cuando hace la aplicación de la ley en términos de corrección e independencia y, con ello, contribuye -aunque no lo parezca- a dar vigencia a un Estado de Derecho, sustrayéndolo del ámbito de lo abstracto al terreno de una realidad en la que se hace justicia, ideal de todo sistema que tenga el sello de una auténtica democracia. Tal es el compromiso y la responsabilidad de aquel ciudadano que está investido de las facultades que la ley le otorga para decidir conflictos.

Esto quiere decir que el juez debe reunir condiciones mínimas, entre otras, para desempeñar sus funciones de manera que ellas acrediten su vocación, esa especie de “vocación sacerdotal” como dice un destacado jurista, sentido de ecuanimidad, honestidad en toda circunstancia y probidad indeclinable, que unidas a su capacidad habrá de garantizar su correcto desempeño. Desde luego que la premisa radica en que tenga sólidos conocimientos jurídicos que le permitan con solvencia intelectual y práctica resolver las incidencias que normalmente se presentan en todo trámite judicial, ajustando sus actos al procedimiento legal establecido y rechazando toda forma de intromisión, especialmente la de carácter político.

Podríamos extendernos un poco más en las consideraciones teóricas que hacemos sobre el tema, pero como una oportuna variante del mismo vemos la necesidad de señalar aspectos relacionados con la función judicial que por su repercusión en distintos ámbitos sociales y  dada su incidencia en la administración de justicia, no deberían ser ignorados. Hace poco el Consejo de la Magistratura calificó de “transitorio” el cargo de jueces para justificar un Reglamento seriamente cuestionado por su dudoso valor legal y constitucional.
Ahora, en recientes declaraciones la presidente del Consejo de la Magistratura indicó que habían sido sancionados casi 400 funcionarios judiciales dentro de una escala valorativa que va desde la amonestación hasta la destitución, según la gravedad de las faltas cometidas.

En estos dos hechos puede encontrarse el contraste de situaciones diferentes que  por lo mismo muestran la ilegalidad en una, y el ejercicio autorizado de facultades disciplinarias en la otra, algo que debe considerar dicho Consejo con el debido cuidado a fin de no afectar ni la independencia del juzgador ni las garantías constitucionales que deben darse a tiempo de aplicar sanciones disciplinarias. En consecuencia, la actuación del Consejo de la Magistratura, como parte del Órgano Judicial según lo dispone la Constitución, debe estar dirigida a velar por la plena independencia de dicho Órgano,  por la idoneidad de los jueces y por la eficiencia del personal que le fuere asignado.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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