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Bajo el Penoco
Editorial
El interés colectivo
Lunes,  10  de Febrero, 2014

Nadie que posea un criterio amplio podría oponerse al derecho al trabajo que asiste a cualquier ciudadano. Sin embargo, habrá que convenir que existen trabajos y trabajos. Algunos sólo pueden desarrollarse si se observa con rigor el interés colectivo, por lo que deben estar sujetos a una legislación estricta y minuciosa. Este tipo de trabajos exigen además, de un control social permanente como requisito implícito. Desde esta óptica, pocas cosas pueden ser tan chocantes como la manifestación de protesta de los propietarios de bares y billares de la ciudad, pidiendo no se aplique una normativa edil que pretende sentar principio de autoridad y velar por el resguardo del interés colectivo.

Resulta oportuno señalar que la Alcaldía, en ejercicio de sus funciones públicas, ha decidido retomar el control sobre bares, billares y los locales denominados “rockolas”. Estos últimos locales no son otra cosa que lugares donde el desmedido consumo de alcohol y el desenfreno en la emisión de música estridente, y a elevado volumen, viene incomodando a la ciudadanía. De hecho, estos locales resultan ser el origen de focos de violencia y de sucesos reñidos con la moral y las buenas costumbres. Hasta ahora, de nada han valido las amenazas de clausura, o las sanciones esporádicas, porque los responsables de estos sitios simplemente ignoran las normas legales y a las autoridades.
 
Hace poco el concejo edil ha aprobado una ordenanza que obliga a los propietarios que ceden sus locales para el funcionamiento de estos negocios de dudosa importancia, a ser partícipes del control social, y les lleva a asumir una responsabilidad compartida en los casos de transgresión a las normas legales. Sin duda, esta medida obliga a una mayor cautela y previsión de los propietarios a la hora de establecer contratos de arrendamiento para apertura de bares, billares o “rockolas”. De alguna manera, la medida apunta también al desistimiento voluntario y consciente de los propietarios a dar sus locales para este tipo de negocios, con el fin de evitarse los problemas ulteriores.
 
Pero resulta que, ante la medida edil que busca preservar el interés colectivo, surge una postura de confrontación y resistencia a la autoridad por parte de la Asociación de Propietarios de Bares y Billares de Santa Cruz. Esto demuestra que este sector solo vela por sus propios intereses. Además, conviene dejar sentado que en algunos casos, los propietarios de locales y de los negocios son un solo ente jurídico. Son juez y parte. Desde esta perspectiva, se comprende que salgan a las calles a protestar en una actitud de suya desorientada, porque alentar el alcoholismo y otras adicciones no es tarea noble ni edificante. Por el contrario, es proclive a la transgresión y alimenta el malestar social.
 
Hay que considerar que los expendedores de bebidas alcohólicas evaden a menudo su obligación impositiva para con el municipio y encima violan reiteradamente las normas legales que los rigen. Este hecho significa que hace falta mayor control y presencia edil para poner las cosas en orden, además de las sanciones personalizadas para los infractores, para no meter a todos en una sola bolsa, tal como reclaman los propietarios de bares y billares. Si la última Ordenanza sobre el tema es irreversible como se afirma, resulta lógico atender cuanto antes lo que con justa razón se exige: auténtico y permanente control y principio de autoridad edil. Ese es el Talón de Aquiles a resolver.

Si la última Ordenanza sobre el tema es irreversible como se afirma, resulta lógico atender cuanto antes lo que con justa razón se exige: auténtico y permanente control y principio de autoridad edil. Ese es el Talón de Aquiles a resolver.

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