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Editorial
Iniciativas riesgosas
Sábado,  30 de Julio, 2011

Ha concitado la lógica atención de la opinión pública nacional e internacional, el anuncio del Gobierno de implementar una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico. Esta nueva estrategia, según se ha revelado, incluye una iniciativa que se considera riesgosa: la compra del excedente de coca cultivada para evitar el desvío de ésta al narcotráfico. Si bien esta iniciativa gubernamental aparenta obedecer a buenas intenciones, existen razones para calificarla asimismo de ingenua o admirablemente osada, porque en último término contempla manejar una materia prima delicada desde el mismo seno del aparato estatal, lo cual implica sin duda, grandes y previsibles riesgos.

Las fuentes oficiales afirman que se procederá de manera similar al Perú, donde la experiencia de Enaco puede replicarse en el país. Si es así, se pretende crear un “estanco” adquiriendo de los productores autorizados el excedente de la producción de coca destinada al acullico, habiéndose fijado un máximo de veinte mil hectáreas para fines de uso tradicional. También se ha señalado que si se sobrepasa de ese límite, el excedente de hectáreas será erradicado tal como contemplan las normativas de la lucha contra el narcotráfico en el país. La primera observación a esta iniciativa apunta justamente al límite de veinte mil hectáreas, cuando el límite anterior era de doce mil.

El Gobierno considera que la cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de coca para uso tradicional puede variar en función de estudios de consumo realizados periódicamente. Esto da pie a una segunda observación: todo indica que en vez de disminuir, la tendencia será al incremento de los cultivos, por la sencilla razón del argumento primigenio manejado desde las mismas esferas oficiales, que es el aumento del consumo para uso tradicional. Vistas las cosas desde esa perspectiva, resultaría una sorpresa se anuncie la reducción de las áreas de cultivo para el uso tradicional. En todo caso, resulta más un arma de doble filo que una solución real. Tercera observación.

¿Y dónde irá a parar el excedente de coca de las áreas destinadas al acullico? ¿Cómo se pretende manejar el “estanco” de coca excedentaria? Conviene reflexionar sobre las dificultades que entraña gestionar una voluminosa cantidad de hoja de coca para evitar que ésta vaya al narcotráfico. Si se mira bien, esta tarea implica dirigir cuantiosos recursos financieros, materiales y humanos para impedir que el narcotráfico se haga con esta materia prima. ¿Qué garantías ofrece el Gobierno de que esto no suceda? La anterior nueva observación apunta a la fragilidad de las instancias estatales para resistir la penetración del narcotráfico. Todo ello se pretende solventar con recursos del TGN.

Las aparentes buenas intenciones del Gobierno pueden ser un desatino colosal si se fracasa en el logro de los objetivos de la nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico. Sería lamentable que los recursos del Erario nacional que pertenecen al conjunto del pueblo boliviano se dilapiden en este tipo de experiencias, cuando lo más lógico y sensato sería la obligatoria y paulatina reducción de los cultivos. Esta debería alcanzar cifras de cultivo legal menores a las doce mil establecidas en 1975. Es más, conviene reducirlas hasta un punto más bajo y sin retorno. Con esta iniciativa el Gobierno adopta, ahora más que nunca, una postura riesgosa que compromete el futuro del país.

Con la iniciativa de comprar el excedente de coca cultivada, el Gobierno adopta, ahora más que nunca, una postura riesgosa que compromete el futuro del país.

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