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Tribuna
Un retroceso inaceptable
Domingo,  29 de Marzo, 2015

H ace casi un siglo y medio que la Constitución boliviana de 1871, durante la presidencia de Agustín Morales, abolió las penas de muerte, de infamia y la de muerte civil, en un claro intento de ponerse a tono con las corrientes civilizadoras de la época que buscaban suprimir todas aquellas sanciones penales que atentaren contra la vida y la dignidad de la persona. Este anhelo de humanizar el Derecho, encontró eco en las siguientes constituciones. La actual, que data del año 2009, reitera con énfasis que “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables. Respetarlas y protegerlas es deber del Estado” (Art. 22), para luego garantizar el ejercicio de los derechos políticos cuando dice: “Todas las personas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder” (Art. 26.I).

Por las sucintas referencias anteriores y ante la necesaria transcripción de textos constitucionales, vemos que existe, por lo menos teóricamente, la suficiente garantía que la Constitución otorga a quienes tienen la intención legítima de participar como candidatos en los procesos electorales y, por tanto, hace absolutamente inaplicable cualquier decisión que podría significar una especie de muerte política como la medida que ha tomado el Tribunal Supremo Electoral en el Beni, al haber apartado de la contienda electoral a candidatos de una fuerza política opositora, en un número mayor a 240 participantes.

Es así que en la situación que se da en el país con motivo de la elección de autoridades  departamentales el domingo 29 de marzo, se debe recordar que la Constitución es la norma suprema a la que no pueden oponerse ni contradecir actitudes arbitrarias de funcionarios que en este caso y para mayor agravante, tienen que ver con el proceso electoral. Lamentablemente, la decisión del TSE de anular en el Beni la personería  jurídica de una fuerza política opositora, creemos que rebasa los límites de la racionalidad para convertirse en una verdadera zancadilla a la democracia en Bolivia, poniéndose, al mismo tiempo, en una posición regresiva, inaceptable por ello,  y ubicarse en la época anterior al año 1871.

Tampoco los órganos jurisdiccionales requeridos para restablecer en el caso derechos políticos, como resultado lógico de una acción de amparo, parecen haber dado cumplimiento a las previsiones constitucionales como el art. 256 que da pautas insoslayables para la defensa y protección de los derechos fundamentales y consagra el principio universal de favorabilidad a fin de hacer viable el ejercicio de los derechos de la persona, en este caso de los derechos políticos. El citado precepto constitucional dice al respecto; “Los derechos reconocidos en la Constitución serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables”. En el caso, las autoridades mencionadas actuaron al margen de la Constitución y optaron por un retroceso en el orden jurídico y de respeto a los derechos fundamentales.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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