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Editorial
El interés colectivo
Sábado,  21 de Marzo, 2015

Los vecinos de las zonas aledañas al vertedero municipal de Normandía se han levantado en son de protesta. De hecho, han bloqueado con rotunda convicción el acceso al vertedero sanitario de los camiones basureros que transportan los desechos desde la ciudad. Para darle mayor fuerza a su demanda original han solicitado, además, el funcionamiento de un instituto tecnológico en el lugar. Si se mira bien, este bloqueo, que aparenta una justa y legítima demanda por mejores condiciones de vida y salubridad de los habitantes de la zona de Normandía, se ha visto empañado por una cerrada negativa al diálogo en busca de una solución, causando un enorme perjuicio a la ciudad.

Conviene no perder de vista que toda unidad vecinal merece estar dotada de los principales servicios básicos. Desde ese puntual enfoque, los vecinos de Normandía están sosteniendo una legítima demanda. Sin embargo, quizás por estrechez de criterios, o por mezquinos intereses subyacentes, han olvidado que los derechos de unos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Con el bloqueo al vertedero de Normandía se ha interrumpido de manera cortante y peligrosa, el traslado de la basura urbana, la que se ha venido acumulando a razón de mil trescientas toneladas diarias de desechos. Para colmo de males, los recolectores de basura han ingresado en paro por falta de pago.
 
De pronto, todo indica que los vecinos que protestan han pasado por alto, de manera simplemente irresponsable, el hecho que la acumulación de basura en las cercanías de los principales centros de expendio y consumo de la ciudad representa un elevado riesgo para la salud pública por la lógica formación de grandes focos infecciosos. Por otra parte, se ha atentado -echándolo todo por la borda- contra los grandes esfuerzos de las autoridades sanitarias de la Dirección de Epidemiología, que han luchado y luchan por eliminar los criaderos de mosquitos ante la presencia de una peligrosa epidemia de chikungunya, enfermedad febril desconocida en el país y la región, con casos en alza.
 
Como si ello no fuera suficiente, la protesta vecinal de Normandía ha violentado la ley que prohíbe interrumpir el libre tránsito de los ciudadanos y vehículos por las arterias viales del país. Resulta oportuno señalar que la impotencia ante la intransigencia vecinal y la apatía de las fuerzas del orden, ha llevado a la alcaldesa cruceña a iniciar una huelga de hambre. En otras palabras, se ha tocado fondo. Si bien es cierto que el vertedero sanitario debe ser trasladado y, además debe considerarse otros alternativos, no es el momento ni puede hacerse de la noche a la mañana. Sin duda, requiere diálogo constructivo entre vecinos y autoridades para visualizar un proceso de largo aliento.
 
Para ello, conviene abordar el problema con amplio criterio para encontrar grandes soluciones. No debe dejarse de lado el hecho que los vivientes de los más de veinte barrios aledaños al vertedero de Normandía son, en su inmensa mayoría, producto de asentamientos ilegales que la permisividad de las autoridades ha dejado consolidar. No extraña que tales habitantes vivan por más de diez años, por ello, en situación riesgosa y de conflicto permanente. Esta es una razón suficiente para dejar de lado las presiones y condicionantes para dialogar con calma y proyección. Hoy por hoy preservar la salud pública de la ciudad obliga a privilegiar el interés colectivo antes que los sectoriales.

No debe dejarse de lado el hecho que los vivientes de los más de veinte barrios aledaños al vertedero de Normandía son, en su inmensa mayoría, producto de asentamientos ilegales que la permisividad de autoridades ha dejado consolidar.

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