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Tribuna
Garantías procesales y auditoría jurídica
Domingo,  12 de Mayo, 2013

Un reciente fallo judicial dictado en Sucre ha dispuesto que la Prefectura de Chuquisaca, hoy Gobernación, haga el pago de 93 millones de dólares  por el valor de las acciones que SOBOCE  tenía en la Fábrica de Cemento acciones que ahora corresponden a dicha Gobernación. Es de suponer que esta sentencia haya sido apelada por la parte afectada si tuvo el cuidado de hacerlo. Sin embargo, al margen de ello, parece que el Consejo de la Magistratura promoverá, según versión informativa, una auditoría jurídica en este proceso judicial. que  podría ser óbice a su normal trámite y estar destinada más bien a procurar un resultado diferente. En otras palabras se allanaría la revisión del proceso, algo que resentiría la independencia del órgano judicial

Esta figura de la auditoría que está más relacionada al campo de las operaciones administrativas y financieras, se la ha incorporado a la Constitución Política dentro de las atribuciones encomendadas al Consejo de la Magistratura para “elaborar auditorías jurídicas y de gestión financiera”  de acuerdo con el art. 197.5, fórmula reiterada en el art. 183.10 de la Ley 025 del Órgano Judicial, pero que no le facultan al Consejo a revisar decisiones de carácter  jurisdiccional ni a pronunciarse sobre las mismas pues resultaría incurriendo en una intromisión en los procesos legales.

En todo caso el hacer una auditoría jurídica puede prestarse a excesos que pongan en riesgo la independencia del órgano judicial en cuanto esa auditoría se la pretenda utilizar para calificar la función jurisdiccional ejercida por un determinado juez o tribunal y llevar de manera forzada a una revisión de resoluciones o sentencias dictadas por autoridades judiciales competentes, bajo el pretexto de realizar una auditoría, de oficio o a instancia de parte, pues existen los medios legales para acudir a instancias que permiten corregir o modificar tales resoluciones, al margen de que el funcionario judicial pueda o no ser sometido a algún proceso disciplinario.

De manera que en resguardo de las garantías de las que deben gozar las partes en un proceso y, sobre todo, de la independencia del órgano judicial son los propios jueces y tribunales quienes deben fijar los alcances de la auditoría jurídica de modo que ésta no resulte una atribución que lleve al Consejo de la Magistratura a ser una especie de supervisor de los órganos judiciales, fuera de las instancias y recursos que las leyes reconocen a los litigantes. No solo eso sino que se hace necesaria una modificación, entre otras por supuesto (elección de magistrados por ejemplo), de la Ley del Órgano Judicial y se delimite con claridad y precisión su facultad de elaborar auditorías jurídicas para evitar toda forma de manipulación, especialmente política, en resguardo de las garantías que en todo proceso deben otorgarse a las partes y, sobre todo, de la independencia del órgano judicial.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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