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OPINION
La gran contradicci?n
tribuna
Martes,  31 de Marzo, 2009
Rubén Darío Cuéllar Paz • Lic. en Relaciones Internacionales “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Este es el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas en París, en diciembre de 1948.
Este texto está reproducido en casi toda constitución política. “Casi” porque nosotros, siempre listos para ir contra la corriente, disentimos. Y es que el nuevo texto constitucional ha tergiversado los principios básicos que sustentan los derechos de esta declaración -libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación-  reemplazándolos por expresiones elocuentes que en realidad esconden sentimientos revanchistas, individualistas y segregacionistas.
Las contradicciones vienen de entrada, ya que los primeros derechos civiles en ser reconocidos por nuestra carta magna son la autoidentificación cultural y la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad (Art. 21.1-2). Dicha autoidentificación descarta el principio de igualdad y hace que la interacción social entre el “yo” y el “otro” dependa únicamente de la idea que el “yo” tiene de sí mismo, sin considerar los deseos, motivaciones e intenciones de los demás. Contrariamente a lo estipulado en cualquier teoría social de cooperación, este proceso crea contra-identidades rígidas entre los ciudadanos que mermarán la posibilidad de predecir el comportamiento del otro en busca de la fraternidad entre ellos.
Las libertades de pensamiento, espiritualidad, religión y culto, y de reunión y asociación (Art. 21.3-4) quedan restringidas a lo que el Estado y su constitución consideren como lícito, limitando la libertad sin establecer parámetros claros de legalidad.
Una vez más la igualdad queda de lado, pues el partidario del MAS guiará su interacción social no por la legalidad, sino por las identidades contrarias, identificándose a sí mismo e inmediatamente a sus enemigos. Además como no se reproduce al Art.11.1 de la Declaración de Derechos Humanos como legitimador de cualquier acción judicial (toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad) son posibles los numerosos casos en los que el gobierno actúa sin permitir a los acusados un juicio justo, siendo el caso más conocido el de Leopoldo Fernández.
Son claras las evidencias de dicho comportamiento, pues cuando tuvieron que detener a Santos Ramírez se dejó una notificación en la puerta de su domicilio y luego fue custodiado hasta la corte; mientras varias decenas de pandinos fueron apresados por fuerzas de elite sin previo aviso, violando la privacidad de sus hogares y sacándolos por la fuerza de la jurisdicción a la que legalmente pertenecen. Esto es incluso violatorio de la misma CPE que establece que la libertad personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley en la actuación de las instancias jurisdiccionales (Art. 23.1).
Sin embargo la mayor contradicción no es simplemente que no se reconozcan los principios básicos y universales tal y como son, sino que en su afán de mantener el poder incurran en ilegalidades que violan la misma constitución que han hecho (y deshecho) una y otra vez.
La ley es un mero instrumento y los derechos humanos serán reconocidos mientras sirvan a un fin: al “yo” (masista) y negados los identificados como beneficiosos para el “otro”, que en este caso, lamentablemente somos todos nosotros.
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