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Lunes
 14 de Octubre de 2019
OPINION
Entre el 2010 y 2018
ANP registra 631 agresiones a la prensa
El documento forma parte de uno de los cinco informes de la sociedad civil enviado para el Examen Periódico Universal de la ONU.
Lunes,  20 de Mayo, 2019
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Ref. Fotografia: El representante de la ANP desglosa parte del documento presentado a la ONU.

En un promedio de 71 casos por año, la Unidad de Monitoreo y Vigilancia de la Libertad de Prensa y Expresión en Bolivia desde 2010 a 2018 ha catalogado 631 agresiones a la actividad periodística y la prensa escrita.

El documento, al que tuvo acceso El Día, fue enviado por la ANP (Asociación Nacional de la Prensa) a las Naciones Unidas para el Examen Periódico Universal (EPU), al que el Estado boliviano, este año será sometido, sobre la violación de derechos humanos y medio ambiente.

Dicho trabajo forma parte de otros cinco  informes, que 50 organizaciones de la sociedad civil, fueron enviados a la ONU. "La ANP ha presentado este documento conjuntamente con Fundamedios de Ecuador y Cedib de Bolivia sobre el estado de la libertad de expresión y prensa. Lo que busca es preservar los derechos de la información y la libertad de expresión", informó Franz Chávez, responsable de la Unidad de Monitores de la ANP. 

Una situación preocupante. La agresión a la libertad de prensa entre el año 2015 a 2018 registró  312 casos, lo que equivale, dice el documento de la ANP que representa casi la mitad de lo establecido en nueve años, con una media de 78 casos. "Si un año tiene 52 semanas, podría establecerse un promedio de 1,5 agresiones registradas por semana", argumenta Chávez.

De los casos registrados el 2018 que suman 92; el 66,3% (61 casos) fueron agresiones a la libertad de expresión promovidas desde el Estado; 5,4% (5 casos) agresiones promovidas al mismo tiempo por el Estado y privados; y un 28,3% (26 casos) por privados. 

Llama la atención que, conforme a estándares internacionales y la propia Constitución Política del Estado que establece el deber y responsabilidad del Estado de defender y garantizar ese derecho, la responsabilidad de esas agresiones provenga en más de 66% de casos de este sector, señala el documento de la ANP. 

Además, si bien se tienen 92 casos registrados en esa gestión, algunos de ellos podrían configurar una infinidad de casos de los que no se tiene registro, por ejemplo: “La Fiscalía prohíbe difundir información sin autorización”, donde una restricción de este tipo puede limitar o eliminar la posibilidad de consultar e informar sobre casos de interés público en una variedad de oportunidades posteriores; o cuando las preguntas incomodan a un ministro: “Rada acusa de ser opositores a periodistas por el tipo de preguntas que realizan”, con lo cual se coarta el derecho de otros periodistas o medios que no quieren entrar en conflicto con la autoridad o gobierno.

"Esto genera un direccionamiento indirecto a preguntas poco importantes o conducentes únicamente a la comodidad de la autoridad de turno, eliminando toda posibilidad de escrutinio a asuntos de interés público; buscando moldear la opinión pública, afectando la dimensión individual y colectiva de este derecho", remarca Chávez.