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Miércoles
 13 de Noviembre de 2019
OPINION
Paremiolocogi@
Hecha la Constitución... hecha la estrategia envolvente
Lunes,  2 de Octubre, 2017

Cuenta la historia, que una de las peores taras que arrastramos los bolivianos desde la colonia, es aquél desprecio por cumplir la ley, tanto por ciudadanos como gobernantes, caracterizado por esta tristemente célebre frase: “Hecha la ley, hecha la trampa”.

Pues bien, en estos momentos en los que el Tribunal Constitucional acaba de meterle no más la admisión a trámite de la acción de inconstitucionalidad de los corifeos del jefazo que alega tener el “derecho humano” para relegirse las veces que le dé la gana y, por ello, está recorriendo el iter criminis (camino seguido para delinquir), cabría sostener que aquella antigua máxima, ha sido ampliamente superada en estos tiempos del cambio, efecto de la Doctrina Morales del meterle  no más, por esta nueva: “Hecha la Constitución…hecha la estrategia envolvente” es decir, la trampa.

Lo grosero es que sea nada MAS ni nada menos, que el mismísimo Tribunal Constitucional Plurinacional que según la CPE es su guardián, el perpetrador del crimen de “lesa constitucionalidad”, instigado por el régimen. Incluso, ya tiene “antecedentes” que demuestran no tratarse del primer hecho, sino estamos ante  un caso de reincidencia,

pues en abril de 2003, ya emitieron la Declaración Constitucional 003/2013, vulnerando no sólo una Disposición Transitoria de la CPE (“Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”), sino hasta simples leyes de aritmética.

Adviertan que aquel fallo, propio de jueces del horror que sirven al régimen, fue suscrito por los magistrados (firman y sellan como “Doctores”, pero que se sepa, son Licenciados) Flores Monterrey, Choque Capuma, Camacho Quiroga, Lahor Cortez Chávez, Andrade Martínez, Velásquez Castaños y Bacarreza Morales, siendo el autor del fallo éste último. Ahora, la admisión a trámite de la acción de inconstitucionalidad abstracta para la relección eterna de su jefazo, mediante el ACP No 269/2017-CA del 28 de septiembre, la firmaron quienes componen la Comisión de Admisión del Tribunal Licenciados Bacarreza Morales (el mismo relator del anterior fallo), además de Choque Capuma y Flores Monterrey. Es decir, parte de los mismos autores de aquél fallo, que ya autorizó, por una vez más, la relección inconstitucional de su jefazo.

En el foro, ha trascendido que habría una supuesta división con algunos otros magistrados del mismo Tribunal sobre el fondo de este asunto y que ahora estarían siendo convenientemente domesticados para dar su voto favorable, toda vez que en próximas semanas –los únicos plazos que cumple el TCP, son los que favorecen al régimen- luego del trámite ya en curso, cabría resolver el pedido en el fondo, evitando así quemar en su debut a los nuevos que vendrán el año siguiente.

También se dice –no estoy en condiciones de afirmarlo o negarlo- que el régimen habría puesto sobre la mesa, para empezar, la oferta que de bendecir en el fondo la relección sine die del jefazo, los magistrados quedarán sanos y salvos de las múltiples acusaciones que, por una serie de delitos supuestamente cometidos en ejercicio de sus funciones, acumulan ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. En ese contexto, no parece casualidad el hecho que si la memoria no me falla, hace unas 2 semanas, estuvieron en Sucre precisamente miembros de una comisión de aquella Asamblea, recibiendo declaraciones y/o investigando esas denuncias.

Así el estado del arte, ¿será que los actuales magistrados del TCP cumplen con aquello del juez independiente e imparcial al que se refiere el art. 120.I de la actual CPE? O, ya que está de moda, vía control de convencionalidad, con el art. 8.1 de la Convención Americana de DDHH? O se confirmará aquello de GARCIA DE ENTERRIA: “Una Constitución sin un Tribunal Constitucional que imponga su interpretación y la efectividad de la misma en los casos cuestionados, es una Constitución herida de muerte, que liga su suerte a la del partido en el poder, que impone en esos casos, por simple prevalencia fáctica, la interpretación que en ese momento le conviene. (Entonces) la Constitución pasa a ser instrumentalizada políticamente por unos grupos o partidos frente a otros”.