Siguenos en:
Sábado
 17 de Noviembre de 2018
OPINION
Paremiolocogi@
Sanciones a personas jurídicas: ¿más derecho penal del enemigo?
Lunes,  31 de Julio, 2017

Entre los elementos en discusión legislativa del proyecto del nuevo Código del Sistema Penal, está la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que a diferencia de las físicas como usted o yo, son una ficción legal pues no tienen existencia física, por lo que actúan a través de sus representantes legales. Es lógico entonces, que de delinquir, sean ellos los castigados, pues el reproche penal (base de la culpabilidad) se dirige a quienes tomaron esas decisiones y no a la persona jurídica que no tiene capacidad de elección y decisión.

El proyecto del NCSP siguiendo en parte alguna doctrina que pretende justificar esa posibilidad, plantea para determinados delitos castigar no sólo a los responsables de los hechos delictivos acaecidos como emergencia de la actividad (empresas, etc), sino también a la persona jurídica misma. De esa manera, se podrían aplicar sanciones que van desde la pérdida de su personería jurídica (con lo que dejaría de existir, como si se tratara de una suerte de pena de muerte), pasando por multas, pérdida total o temporal de beneficios estatales, decomiso, suspensión parcial de actividades; prohibición de realizar actividades, sanciones reparadoras, prestaciones obligatorias vinculadas con el daño producido o la implementación de mecanismos de prevención.

La propuesta ha encendido las alarmas de la actividad empresarial, creo que más que por la propuesta en sí misma (muy discutible a la luz del derecho penal moderno de corte garantista), por la realidad cotidiana que las actividades empresariales privadas atraviesan, cuando se trata de defenderse frente al estado administrado por el actual régimen, donde el tercero imparcial –juez-  brilla por su ausencia, pues a la hora de parar las sistemáticas arbitrariedades que comete la administración, sea para recaudar fondos como sea, eliminar o debilitar la competencia o por anticuadas posiciones ideológicas, le mete no más, sin importar los graves daños que genera en la creación de empleos y riqueza y, en general, contra el movimiento económico, pues es un soberano disparate en el mundo actual, creer que sólo la actividad pública, podrá hacerlo.

La propuesta de castigar de esa manera a las personas jurídicas es actualmente altamente discutible desde el derecho penal garantista porque trastoca fundamentalmente el basamento fundamental de la atribución de responsabilidad del derecho penal: la culpabilidad. Esta se asienta en que para castigar a una persona, ella tuvo que haber tenido la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo de su acción u omisión (imputabilidad, se dice) y por tanto, con tal comprensión, haberse decidido sea mediante dolo o culpa por delinquir, siendo por tanto culpable. Queda claro que ese elemental reproche, resulta imposible de aplicar a las personas jurídicas, por lo que se admite que en esos casos, las sanciones van contra quienes, formando parte de las mismas, tomaron esa decisión.

Como el derecho penal revela la esencia del estado en que se aplica, sostengo que una de las facetas del derecho penal del enemigo, ese que distingue los amigos de los enemigos para aplicarles a los primeros el debido proceso y a los otros el garrote, consiste en evadir aquellos razonamientos y saltar las gradas que integran la teoría del delito, que constituyen barreras lógicas que impiden el desborde arbitrario del derecho de castigar, propio de estados policiacos y no de derecho. Una de ellas, radica precisamente en saltarse aquel reproche de culpabilidad, desembocando en posturas que aunque se las presente disfrazadas de modernidad, podrán como recién ha ocurrido –recuerden el uso arbitrario de las leyes anticorrupción o antirracismo- establecer las bases “legales” para el escarmiento de los “enemigos” del régimen y no, para proteger bienes jurídicos de relevancia de la sociedad. “La teoría del delito es un sistema de filtros inteligentes diseñados para evitar el paso de la menor irracionalidad en el ejercicio del poder punitivo del estado”. Lo dice ZAFFARONI.

Acerca del autor:
Arturo--Yanez-Cortes-
Arturo Yáñez Cortes
Notas Relacionadas
©2016 Diario El Día Santa Cruz - Bolivia, Dirección: Av. Cristo Redentor, KM 7 zona ”El Remanso” - Teléfono piloto: 3-434040 Fax Comercial y Publicidad. 3-434781 - Fax Redacción 3-434041 - email: eldia@eldia.com.bo  |  Acerca de El Día