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Domingo
 20 de Agosto de 2017
OPINION
El ojo centinela
Aborto: ¿Y cómo medir la pobreza?
Lunes,  29 de Mayo, 2017

El Código Penal que está vigente castiga el aborto hasta con seis años de cárcel, pero el proyecto de ley del Código del Sistema Penal Boliviano plantea algunas excepciones para la despenalización del aborto, entre ellas, que quien quiera interrumplir el embarazo, sea pobre. Es así que el parágrafo V del artículo 157 del mencionado proyecto señala que "no constituirá infracción penal cuando la interrupción voluntaria del embarazo sea solicitada por la mujer y concurran cualquiera de las siguientes circunstancias".

Cuando "1) se realice durante las primeras ocho (8) semanas de gravidez, y además la mujer: a) se encuentre en situación de calle o pobreza extrema; b) No cuente con recursos suficientes para la manutención propia o de su familia; c) sea madre de tres o más hijos o hijas y no cuente con recursos suficientes para su manutención o d) sea estudiante.

2) En cualquier etapa de la gestación cuando: a) Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, b) Se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada, c) Se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida; d) El embarazo sea consecuencia de violación o incesto; o, e) La embarazada sea niña o adolescente.

El proyecto también indica que "el sistema nacional de salud deberá precautelar la libre decisión, la salud y la vida de la mujer, no podrá negar la interrupción del embarazo ni su atención integral en los casos previstos en el parágrafo precedente alegando objeción de conciencia y estará obligado a mantener el secreto profesional".

Además, señala que "el único requisito para la interrupción del embarazo en los casos señalados en el parágrafo precedente será el llenado de un formulario de constancia del consentimiento informado de la mujer y el señalamiento de la causal y circunstancias de su decisión, sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna naturaleza". El tema fue tratado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se cambió el término pobreza por bajo nivel socioeconómico, pero hubo algo más, en el proyecto decía por única vez, ahora, dice que esta práctica puede ser ilimitada.

Sabemos que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la práctica clandestina del aborto en América Latina es un problema de salud pública y por tanto debe ir acompañada de una política integral en el área y que el 10 por ciento de las muertes en Bolivia, están vinculadas a la interrupción del embarazo.

Pero si se trata de un tema de salud pública, así debe ser encarado y no con una simple ley, porque tenemos que ver en el fondo que las normativas flexibles pueden provocar un aumento considerable de embarazos no deseados y en el fondo, la desvalorización a la vida, al final, porque tal vez tratando de precautelar la de la madre, tengamos que sacrificar la del hijo en el vientre y en algunos casos en cualquier momento de la gestación.

Y el tema de fondo, como establecer el nivel de pobreza de la mujer que quiere practicarse el aborto, si bastará con llenar un formulario.

Es cierto que falta todavía el análisis en el pleno de la Cámara de Diputados y luego en Senadores, pero como el Movimiento al Socialismo maneja ambos estamentos, es seguro que “no moverán una coma”, como ya lo han adelantado, y con seguridad que tendremos entonces mayores causales para las prácticas del aborto, que no se limitará a una vez y que, si se justifica, podrá practicarse en cualquier estado de gestación del embarazo.

Por eso la plataforma dice que no solo fomentará los embarazos no deseados, si no también el infanticidio.
Tenemos que reflexionar porque estamos en una cuestión de salud pública, pero también en una cuestión de vida, muerte y valores humanos.

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Roberto-Mendez-
Roberto Mendez
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