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OPINION
Miradas
La moralidad en la función pública
Martes,  18 de Abril, 2017

Hoy, en el mundo entero, vemos el resquebrajamiento de las instituciones y las amenazas a los pilares de la democracia, ¿cuáles son esos pilares? Son la separación de poderes, el respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión y respeto al voto popular en las urnas. En pleno siglo XXI, hay una disociación paupérrima de los conceptos de ética, función pública, política y servicio público.

La realidad nos demuestra que, los funcionarios gubernamentales, tanto a nivel nacional como departamental han generado un divorcio acérrimo entre estos conceptos y han colapsado el prestigio de la nobleza del servicio a la comunidad. No se puede destruir la razón democrática de los ciudadanos a costa de los intereses de un grupo sectario que anquilosa de sobremanera la burocracia y el mal servicio público que es objeto la ciudadanía.

La ética en el actuar humano, como conducta excelsa, pone freno y limita el uso torcido del poder y fija el imperio de la legalidad sobre cualquier capricho malsano de las autoridades que quieran sobrepasar con artilugios y mañas la función que les toca desempeñar. Toda función pública es buena y hace ser mejor persona al funcionario porque sirve a la sociedad. Por lo tanto, la soberbia y la escasez de humildad los hace seres despreciables ante el conjunto social que requiere mejor atención y no ser tratado con escaramuzas de insultos, retraso y discriminación.
Eso genera inactividad institucional y el descrédito de la gente. No se puede privatizar y subordinar el poder político a los intereses privados porque ello mella el trato cordial y oportuno a la ciudadanía. Para erradicar este flagelo que nos afecta a todos, es necesario aplicar medidas certeras y efectivas de una cultura de la ética en la gestión pública y política. La credibilidad política radica en el hecho de apoyarse en medidas coherentes y la transparencia de los recursos económicos que se recaudan para cumplir con las políticas públicas sociales. Por eso, se debe demostrar honradez y probidad en los funcionarios públicos y dirigentes políticos.

El ciudadano debe ser un celoso custodio activo de la cosa pública porque representa la máxima expresión de la conformación de un Estado, y, por lo tanto, no puede encandilarse a una especie de mazamorra de regresión de la conciencia del pueblo, porque de lo contrario estas acciones nefastas serán la estratagema consentida y socavará los cimientos del derecho a reclamar y manifestarse  ante un mal servicio social.

Tenemos que aplicar la ley sin favoritismos y pago político, hay que aplicarla como corresponde en base a las acciones humanas que pueden ser furtivas. Solo se necesita la voluntad y convicción de aplicarla. Debe ser la sociedad, a través de la educación y de la recuperación de la ética, la moral y la hidalguía en la gestión pública la que debe prevalecer, antes incluso, que la propia represión penal.

Debe abrirse un abanico de oportunidades para todos y cercenar el monopolio que es dañino para crear nuevas fuentes de empleo, asimismo hay que fortalecer la transparencia contable, con la permisibilidad de auditorías internas y externas neutrales, el desarrollo sostenible e impartir seminarios sobre el buen manejo del servicio que se debe impartir al pueblo, de esa forma se impone el acierto en el capital humano, como el principal baluarte del trabajo honesto y decente que es la proyección del capital social.

Acerca del autor:
Oswaldo-Ulloa-Pena-
Oswaldo Ulloa Peña
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