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OPINION
Tribuna
Reforma del sistema penal boliviano (parte I)
Viernes,  13  de Enero, 2017

Encontrándome en São Paulo (Brasil), mediante el uso de la tecnología (aplicación de mensajería instantánea para teléfonos smartphone), fui gratamente entrevistado por "El Deber" Radio; oportunidad donde conversamos sobre la reforma al sistema penal boliviano, misma que se tiene proyecciones que ocurra este año.

Durante la conversación, recordé que el día martes 13 de diciembre del año pasado, se realizó un acto en el auditorio del Palacio de Justicia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde fue anunciado aquel proyecto de ley; sin embargo, ningún asistente recibió un ejemplar para su lectura sea en versión digital o impresa.

Entre los colegas abogados actualmente circula un proyecto ley que trae consigo varias novedades, a continuación señalamos algunas de ellas:

Se trata de un Código al estilo del Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano que unifica en un solo cuerpo normativo el Código Penal, Procedimiento Penal, Ley de Ejecución Penal y Supervisión, llegando a contener más de 1100 artículos, que quizás tendrá sus dificultades al momento de realizar una adecuada y ágil fundamentación oral durante la litigación.

En lo concerniente al Código Penal, se intenta consolidar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si bien es cierto que desde el año 2010 en Bolivia ya existe tal situación pero lo hace de manera camuflada dado que apareció esta posibilidad con el delito de “enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado” previsto en la Ley 004 (más conocida como Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz) pese a que el actual Código Penal en vigencia en su art. 5 establece claramente que la ley penal únicamente se aplica contra personas naturales no así contra personas jurídicas.

La responsabilidad penal contra las personas jurídicas significa que se sanciona a la persona jurídica como tal, no solo a su representante legal o a su administrador de hecho; en otras palabras, conlleva la afectación del patrimonio de la empresa o la institución, esto es, el conjunto cualitativo y cuantitativo de bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, pudiendo el Estado confiscar una buena importante parte de dicho patrimonio.

Por otro lado, este proyecto de ley, describe más detalladamente las causas de exclusión o exención de responsabilidad (Ej.: fuerza física irresistible, miedo insuperable, etc.), asimismo, es más específico en cuanto a dosimetría penal; y, lo que respecta a participación criminal agrega determinadas categorías como la “persona determinadora”. En lo referido a penas privativas de libertad, además del presidio y la reclusión, agrega otras como por ejemplo: la detención de fines de semana, limitaciones de residencia, prohibición de residencia, etc.

En cuanto a los efectos derivados de la condena penal, llama poderosamente la atención que cuando describe el “decomiso o confiscación” sugiere que su aplicación podría ser inclusive sin que exista condena dado que lo deriva a una ley especial sobre extinción de dominio a favor del Estado, por lo tanto, no guarda relación con el principio de legalidad, los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y la propia Constitución. La confiscación podría verse desnaturalizada puesto que podría ser impuesta sin tener calidad de sanción penal en calidad de cosa juzgada, dando lugar a una atípica privación definitiva de un derecho de propiedad como consecuencia de una infracción administrativa de naturaleza presunta que surge de la probable comisión de algún delito.

En lo concerniente a los delitos o infracciones en particular, si bien empieza valorando a la humanidad y a la vida de las personas dado que inicia la parte especial con el genocidio, crimen contra la humanidad, etc., se pretende instituir dentro de los delitos de sustancias controladas al microtráfico otorgando penas bajas que oscilan entre 6 meses a un año.

Referente al procedimiento penal resulta bastante llamativo que dentro de los sujetos procesales en calidad de “parte” se coloca a la autoridad judicial, situación por demás inaudita, dado que un juzgador por el principio de imparcialidad no puede ser considerado al mismo tiempo como juez y parte.

En cuanto a las nulidades por defectos absolutos se coloca un plazo de tres días para solicitarlas, lo cual conllevaría que después de ese plazo dichos defectos queden totalmente convalidados sin importar lo muy vulnerativos de derechos y garantías constitucionales que fuesen, degenerándose de esta manera la nulidad por defectos absolutos (las cuales nunca deben, ni pueden convalidarse) equiparándolas como si se tratasen de defectos relativos (las cuales obviamente sí pueden convalidarse) ocasionando un indebido proceso.

La estructura del proceso penal para delitos de acción pública en este proyecto ley se resume en dos etapas, a saber: investigación y juicio.

En la etapa de investigación se establece un plazo máximo de tres meses ampliable de forma excepcional a dos meses bajo determinadas circunstancias. Dicho plazo se computaría desde la denuncia hasta que la persona quede a disposición del juez para que se lleve a cabo la Audiencia Inicial; mientras que la etapa de Juicio, comienza desde que el Tribunal de Sentencia recibe el Auto de la Audiencia Inicial hasta la sentencia.

De allí que emerge una serie de interrogantes: ¿cuáles son los criterios para establecer tres meses como plazo máximo de investigación siendo que en la práctica existen casos complejos que duran más de seis meses?, ¿será que en tres meses se podrá obtener los elementos necesario para probar la existencia de algún delito siendo que el Instituto de Investigaciones Forenses hasta ahora no termina de consolidarse de manera completa e integral en todo el país?.

Acerca del autor:
Ciro-Anez-Nunez-
Ciro Añez Núñez
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