Siguenos en:
Lunes
 24 de Junio de 2019
OPINION
Editorial
Todos contra todos
Domingo,  9 de Octubre, 2016

Ministro contra fiscal; Policía contra ministro; Defensor contra Policía y Congreso contra Defensor. Parece uno de esos juegos de combate que utilizan los niños, pero en realidad se trata de la situación de las instituciones del Estado boliviano que ya no pueden disimular la descomposición en la que están sumidas.

Todo esto ha surgido a raíz del asesinato del viceministro Rodolfo Illanes, que aún no ha sido esclarecido pese a que está por cumplirse un mes y medio de aquel fatídico episodio que puso en tela de juicio la capacidad del gobierno para actuar en situaciones de riesgo, como la protesta de los mineros cooperativistas.

Es verdad que detrás de la pulseada que se observa está presente una encarnizada lucha de camarillas que se disputan las mejores posiciones del entorno presidencial, pero precisamente ese forcejeo es la que está trastocando los límites legales en los que se debe enmarcar la actuación de las instituciones, perfectamente delimitada por la Constitución y las normas específicas y sometida al principio de la transparencia como corresponde a un Estado de Derecho.

Esta enajenación de la institucionalidad estatal se ha podido palpar perfectamente en diversos y lamentables episodios ocurrido durante el “proceso de cambio”, como la matanza del hotel Las Américas, los enfrentamientos de Porvenir, la represión de Chaparina, La Calancha, la toma de la prefectura de Cochabamba, el ataque a la alcaldía de El Alto y otros eventos en los que servidores públicos apelaron a procedimientos irregulares propios de fuerzas sediciosas.

En todos esos casos, la justicia puso su cuota de complicidad para conseguir la impunidad tanto de los funcionarios visibles, como de los elementos parapoliciales y paramilitares que actuaron, trastocando al extremo todas las formas que prevé el Estado en situaciones adversas que requieran el uso de la fuerza pública. En los últimos días se ha estado mencionando algunos aspectos que obligan a comparar los hechos mencionados con lo ocurrido el 25 de agosto con el viceministro Illanes. Estos elementos son: rotura de la cadena de mando, uso ilegal de armas, procedimientos anormales y otras fallas que obviamente se salieron de control y que hoy enfrentan a autoridades que se contradicen, que no hallan cómo explicar y menos justificar los hechos.

Tal como se ha demostrado, este deterioro institucional, que no es más que un descarado atropello a las leyes, no solo ha erosionado la credibilidad y la popularidad del Gobierno, sino que ahora se vuelca en su contra, pues enfrenta a las facciones oficialistas que se disputan el poder y para ello no dudan en apelar a todas sus artes manipuladoras que convertirán al Estado en un mero instrumento de grupos de facciosos incapacitados para gestionar el conflicto con las armas que les otorga la ley.

Esta descomposición del Estado no solo es visible en la disgregación de las fuerzas gubernamentales, fenómeno que ha sucedido muchas veces en la historia boliviana. Lamentablemente, también genera mayor fragmentación del tejido social boliviano, pues en medio del río revuelto, los oportunistas siempre sacan su tajada y termina imponiéndose la ley del más fuerte.

Este deterioro institucional, que no es más que un descarado atropello a las leyes, no solo ha erosionado la credibilidad y la popularidad del Gobierno, sino que ahora se vuelca en su contra, pues enfrenta a las facciones oficialistas que se disputan el poder y para ello no dudan en apelar a todas sus artes manipuladoras que convertirán al Estado en un mero instrumento de grupos de facciosos incapacitados para gestionar el conflicto con las armas que les otorga la ley.

 

Notas Relacionadas
©2016 Diario El Día Santa Cruz - Bolivia, Dirección: Av. Cristo Redentor, KM 7 zona ”El Remanso” - Teléfono piloto: 3-434040 Fax Comercial y Publicidad. 3-434781 - Fax Redacción 3-434041 - email: eldia@eldia.com.bo  |  Acerca de El Día