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Miércoles
 12 de Diciembre de 2018
OPINION
Tribuna
Antes de la reforma penal
Sábado,  9 de Julio, 2016

Ha sido larga y persistente la lucha de la humanidad por lograr que los derechos de la persona fueran respetados por los regímenes de gobierno, batalla que todavía no concluye debido al carácter empecinado e intolerante de gobiernos que prefieren el uso de la fuerza, física o moral, para asegurar su permanencia en el poder, antes que acudir al tono civilizado que aconseja toda contienda democrática. Ejemplos tenemos en varios países  donde la disidencia es considerada como figura delictiva antes que una prerrogativa del ciudadano. No hay que olvidar por tanto que la preocupación y esfuerzo universales han tenido que encontrar, con mucho esfuerzo, fórmulas escritas que garanticen la vigencia y respeto de los derechos fundamentales,

Pero no es solo en resguardo de tales derechos en el ámbito político donde el autoritarismo ha encontrado a menudo formas de obstaculizar su ejercicio, sino en otras esferas como los procesos judiciales donde es imprescindible respetar y dar efectividad a principios y garantías como el debido proceso, la presunción de inocencia o la igualdad de las partes. Recordemos que todo ese catálogo de prerrogativas del individuo debe hacerse efectivo en los trámites judiciales, en especial en aquellos de carácter penal en los que está en juego, en grado superlativo,  la libertad y la dignidad de la persona, sobre todo si el factor político ha tenido que ver o forzar la instauración de un caso determinado. Por supuesto que es el juez, que debe estar al margen de toda dependencia salvo a la ley, quien deberá asumir el rol determinante.

A propósito, sobre la cuestión penal en el país ya está anunciada oficialmente la posibilidad de reformar el código, cuestión que merece una especial atención por las situaciones de mayor polémica que siempre habrá de causar.  No hace mucho que personeros de la prensa hicieron conocer su preocupación - justificada desde luego - por una posible supresión del art. 296 del actual código penal que sanciona los delitos contra la libertad de prensa, o sea a quien “impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, así como la libre circulación de un libro, periódico o cualquier otro medio impreso”.

Como réplica a esta inquietud, el representante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados expresó que “Los legisladores estamos sujetos a la Constitución y ninguna norma que dictemos va a vulnerarla, en este caso específico la libertad de expresión” (sic).

De ser así estaría despejada, por el momento, la preocupación, pues habrá que esperar todavía - aunque en actitud vigilante - la redacción definitiva del proyecto de código y su tratamiento en el Legislativo.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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