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 17 de Junio de 2019
OPINION
Tribuna
Injusta duración de procesos judiciales
Domingo,  16 de Agosto, 2015

Una preocupación permanente y generalizada, en todo tiempo, es la duración de los procesos judiciales, especialmente en materia penal en la que están en juego cuestiones como la libertad de las personas y las sanciones que deben aplicarse a los autores del presunto delito. De ahí también el permanente interés de abreviar plazos de modo que, en la práctica, las partes involucradas en un juicio penal no estén sometidas injusta o ilegalmente a actuaciones que impliquen retardación de justicia, aparte de que no debe omitirse la aplicación del principio de presunción de inocencia.

Este principio universal forma parte de textos internacionales sobre derechos humanos y constituye una verdadera garantía procesal, o por lo menos debería ser así para evitar una reclusión o condena anticipadas a quien o quienes estuvieran involucrados en el proceso, sin que aún se haya dictado sentencia con valor de cosa juzgada. Ello sería atentar contra el debido proceso, en el que la presunción de inocencia es factor preponderante (art. 116 CPE. I) de modo que su omisión solo significará que los tribunales se pusieron al margen de un estado de derecho, o que sus decisiones fueron influidas por el ingrediente político impuesto desde las esferas de poder.

Relacionado con estos aspectos está la retardación de justicia, defecto inveterado que agrava la situación de los procesados, cuyas causas van desde una aplicación deficiente de la ley, pasando de la negligencia o falta de idoneidad del juzgador hasta, en último caso, estar ante una  norma jurídica que puede ser anticuada pero que, en todo caso, debe ser resuelta, si hay evidente anacronismo, con un saludable criterio de interpretación correcta de la ley, sin necesidad de echarle la culpa al acostumbrado y fácil argumento de ley obsoleta.

Por supuesto que estas consideraciones no agotan el tema, que necesitaría un mayor análisis pero que en las actuales circunstancias lo abordamos para recordar simplemente que los plazos señalados por la ley en los procesos judiciales, más aún en los de carácter penal, están fijados en función del debido proceso, entre cuyas características propias e insoslayables, está la del juez natural que obliga a que el juzgamiento de una persona debe hacérselo ante juez competente, o sea, entre otras cosas, ante el juez del lugar donde se ha cometido el presunto delito.

Y precisamente tenemos en el país dos casos de procesos penales en los que hay total ausencia de los principios que caracterizan el debido proceso y que en los anales de la justicia boliviana habrán de figurar como ejemplo de procesos ilegales desde hace varios años, incluyendo detenciones preventivas que han significado injustas y arbitrarias condenas anticipadas sin que el largo e ilegal trámite procesal recorrido haya concluido. Tales casos son el de Rózsa (Santa Cruz) y de Porvenir (Pando).

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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