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OPINION
Miradas
La Justicia, un debate impostergable (Tercera y última parte)
Domingo,  21 de Septiembre, 2014

L a lucha por el acceso a la justicia es en el fondo un programa político ambicioso, por cuanto diagnosticar la falta de acceso a la justicia tiene que hacerse en conexión con la desigualdad social, económica y política; además, demanda una nueva noción de Estado, más sensible a los desafíos de la realidad, menos atado a tradiciones y repeticiones automáticas.

El verdadero acceso a la justicia, en realidad, exige una transformación del Órgano Judicial que deberá asentarse sobre tres pilares fundamentales: a) Ampliación de la cobertura estatal; b) Incorporación al sistema de justicia de los mecanismos tradicionales y comunitarios de resolución de conflictos; y, c) Focalización de las políticas públicas en los grupos más vulnerables y desprotegidos de la sociedad.

Esta nueva ingeniería de acceso a la justicia obedece a que la ONU estableció que la mayoría de las personas pobres no solo que no tienen acceso a la justicia, ni viven bajo el amparo del Derecho, sino que están alejadas de la protección de la ley y de las oportunidades que ésta ofrece; sin embargo, pueden prosperar y salir del pozo si se les otorgan las protecciones del Estado de Derecho.

Lo cierto es que un alto porcentaje de la población boliviana vive fuera de la ley y el mayor desafío para los gobernantes será conseguir el empoderamiento legal y su verdadera inclusión social.

En general, dado que el marco normativo y las reformas en materia penal han resultado insuficientes, urge abonar el terreno apropiadamente debiendo tomarse en cuenta para este cometido los elevados índices de corrupción y descrédito; además, resulta imprescindible un capital humano idóneo y honesto, pues en cualquier otro caso la mejor semilla no crecerá ni florecerá.

Lo concreto es que el Órgano Judicial padece de una enfermedad terminal (crisis profunda), y los encargados de su recuperación apenas disponen de algunas aspirinas (reformas legales aisladas), siendo que el enfermo necesita con urgencia medidas de fondo, inclusivas y que integren aspectos institucionales, políticos y económicos.

Otra de las causas de la crisis estructural del Órgano Judicial es la inadecuada legislación procesal, excesivamente formalistas y ritualistas, que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, así como a la celeridad o derecho a que un proceso concluya en un plazo razonable, generando rechazos injustificados de procesos y, en su caso, demoras excesivas en la sustanciación de los procesos judiciales.

La receta en este campo es la oralidad de todos los procesos y la incorporación agresiva de la tecnología de punta que permitan el fortalecimiento del Órgano Judicial, y solo así se puede convertir a la justicia en un valor imprescindible para devolver la confianza, luchar contra la corrupción, la retardación y garantizar los derechos fundamentales, la seguridad jurídica, el crecimiento económico y el sistema democrático.

En definitiva, autonomía económica, corrupción generalizada, retardación de justicia, pérdida de confianza y credibilidad, falta de oralidad en todos los procesos, capacitación permanente y selección de los mejores profesionales, además de cambiar los viejos paradigmas judiciales, son algunos de los grandes desafíos que deberá resolver el Órgano Judicial, para comenzar un verdadero proceso de cambio y tener a mediano plazo un sistema judicial independiente, fortalecido, confiable e imparcial.

El cambio para que tenga algún impacto, en todo caso, tiene que ser sistémico e integral, que comprenda aspectos políticos, económicos, e institucionales y que podrían resumirse en los siguientes puntos:

•  Reformar la Constitución Política del Estado, de modo que permita la designación de sus principales autoridades, previa convocatoria pública y postulación de los candidatos por parte de las Universidades (públicas y privadas), los Colegios de Abogados, la sociedad civil organizada, debiendo privilegiarse la formación académica y la producción intelectual de los candidatos.

•  Asignar al Órgano Judicial en la Constitución Política del Estado una partida fija del Presupuesto General del Estado, que en ningún caso debería estar por debajo del 3% del total de ingresos nacionales, debiendo fortalecerse al mismo en todo sentido e incorporar tecnología de punta, de modo que pasemos del proceso escrito, al “proceso virtual”.

• El fortalecimiento institucional es un prerrequisito para recuperar la independencia e imparcialidad judicial, implementar la carrera judicial, capacitar a los operadores, combatir la corrupción, el descrédito, la retardación y terminar con el colapso en que se encuentra el Órgano Judicial.

• El fortalecimiento institucional tiene que hacerse igualmente en el Ministerio Público, la Policía Nacional, la Defensa Pública, y el sistema carcelario, pues cualquier esfuerzo aislado no resolverá los problemas estructurales de la Administración de Justicia.

• La Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, ofrece su concurso para buscar en forma conjunta cómo cambiar este estado de cosas, inadmisibles en un Estado Constitucional de Derecho, como el que proclama la Constitución y exigen los Pactos y Convenios Internacionales suscritos por Bolivia.

Acerca del autor:
William--Herrera-Anez--
William Herrera Añez
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