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OPINION
Tribuna
Control de procesos judiciales
Domingo,  31 de Agosto, 2014

Recientes declaraciones de un personero del Consejo de la Magistratura permiten ver la posibilidad de que este organismo haga auditoría jurídica especialmente en las causas penales en las que se hubieran dado irregularidades a tiempo de tramitarlas. El funcionario dice, además, que la iniciativa está dirigida principalmente a la “revisión” de las causas, esto ante las denuncias formuladas en los diferentes distritos del país, es decir en los nueve departamentos.

El anuncio, bajo un análisis ligero, bien podría llevar tranquilidad a quienes acuden a los tribunales en busca de protección a sus derechos o de encontrar solución a sus divergencias en los términos que fija la ley. Pero, desde otro ángulo más cuidadoso, tal anuncio puede vérselo más bien como un motivo de justificada preocupación si tenemos en cuenta que los procesos judiciales, en sus diferentes instancias, ya establecen recursos que permiten modificar, anular o revisar fallos a través de mecanismos procedimentales que la propia ley permite incluyendo las responsabilidades del juez.

La figura de la auditoría jurídica no está expresamente señalada por la ley salvo que ella ahora sea el resultado de una interpretación condescendiente de las “atribuciones constitucionales” que la norma jurídica le reconoce al Consejo de la Magistratura para ejercer el control disciplinario mas no jurisdiccional  ni para crear otra instancia paralela que afecte a la independencia del órgano judicial y dé lugar, inclusive, a una revisión ajena y arbitraria del juicio que puede poner en riesgo las garantías del debido proceso o, lo que es peor, añadir un serio factor de retardación de justicia o facilitar una fuente inagotable y perniciosa  de incidentes maliciosos.

Por los alcances que el funcionario del Consejo de la Magistratura ha dado en sus declaraciones públicas a una próxima auditoría jurídica a realizarse, y esto es lo que debe preocupar no solo al mundo forense, estaríamos ante una eventual revisión de los procesos judiciales a cargo de un organismo paralelo que no tiene  facultades jurisdiccionales para ese objeto  convirtiéndose así - contra toda norma constitucional que garantiza la separación de órganos -, en un supraorganismo jurisdiccional con atribuciones ilimitadas para calificar las “irregularidades” en las que se habría incurrido en los procesos judiciales, decidir su anulación y sancionar a los jueces.

Recordemos que en el momento de la creación del Consejo de la Judicatura (diciembre de 1997), hoy Consejo de la Magistratura, estaba claro que su finalidad era y sigue siendo esencialmente de orden administrativo y disciplinario, naturaleza que no se la ha modificado para que, contra todo principio legal y de equilibrio democrático de poderes, motu propio (por propia voluntad), quiera asumir atribuciones de órgano jurisdiccional encargado de revisar procesos judiciales que tuvieran presuntas irregularidades.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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