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OPINION
Tribuna
Reforma del sistema penal
Domingo,  3 de Agosto, 2014

El Ministerio Público ha dado a conocer que existe el propósito de reformar el sistema penal en Bolivia “como un primer paso hacia la reforma del sistema judicial del país”, una intención que ha sido permanente no sólo en el área penal, sino en otros campos como el civil, que ya cuenta con un nuevo código procesal, el comercial, etc., aunque la cuestión penal demanda cuidado en su tratamiento para encarar la reforma y funcionamiento de sus instituciones porque es en ese campo donde están en juego bienes jurídicos superiores como la libertad, la salud y la vida misma de la persona.

No deja por ello de tener valor ilustrativo la experiencia y tarea de esta reforma penal, el señalar a grandes rasgos esos esfuerzos reformistas que tuvimos en el país El código penal de 1834, con varias modificaciones posteriores para actualizarlo, estuvo vigente hasta 1973, año en el que fue sustituido por el nuevo código penal de la época, en cuyo texto pudieron incorporarse instituciones conforme a las tendencias modernas del derecho penal, instituciones que eran más acordes con ese avance.

En 1994 fueron incorporadas nuevas modificaciones aunque manteniendo el espíritu de las reformas iniciadas en 1973. De manera que la reforma del código penal, que ha sido anticipada por autoridades gubernamentales relacionadas con el tema, precisará de una evaluación comparativa de las diferentes reformas realizadas, incluyendo últimas leyes penales que han dado otro giro inesperado a la tipificación de ciertos delitos pues la configuración que hacen de ellos, mediante disposiciones legales, se aparta de exigencias auténticamente jurídicas.

Junto al código penal sustantivo, está el de carácter adjetivo, o sea, el procedimiento, destinado a indicar los pasos que deben darse para aplicar dicho código en términos que fijan las garantías procesales de modo que se evite la arbitrariedad. El nuevo código de procedimiento penal, aprobado en 1999 entró en vigencia desde el año 2001 y es el resultado de un importante trabajo de especialistas en la materia. Pese a ello y a los esfuerzos que lo precedieron no ha sido posible encarar con algún éxito el problema de la retardación de justicia.

De acuerdo con los auspiciosos propósitos expuestos hace poco por el Ministerio Público la nueva reforma del sistema penal estaría dirigida a encarar resueltamente la retardación de justicia confiando en una nueva y adecuada legislación. Es acá donde conviene recordar que las leyes, por muy perfectas que fueran, no son los únicos y suficientes medios para que la justicia sea pronta y oportuna. Tal como hace varios años lo hiciera notar en una brillante conferencia dictada en Sucre el maestro del Derecho Penal: Luis Jiménez de Asúa: “Imaginemos la más perfecta ley penal, - decía el ilustre profesor- con unos magistrados de imperfecta formación, ese código no alcanzará plena vida. En cambio, pensemos en un código imperfecto, de vieja fecha, pero aplicada por magistrados de moderna sabiduría y de agudo sentido de justicia, la ley dirá entonces todo lo que se halla en su voluntad y la interpretación progresiva modernizará las viejas concepciones”.

En resumen, no parece conveniente echar la culpa sólo a las leyes de la retardación de justicia.
 

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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