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OPINION
Tribuna
Protección de los derechos en los procesos judiciales
Jueves,  24 de Octubre, 2013

En nuestro tiempo el problema grave respecto de los derechos humanos no es el de fundamentarlos sino el de protegerlos. Esta afirmación–que corresponde a un ilustre jurista europeo- ha cobrado una preocupante actualidad a raíz de hechos recientes que se han producido en el país los que resultaron ser un rotundo desmentido a la declaración de voceros oficiales para quienes se habría profundizado la democracia a 31 años de habérsela recuperado en Bolivia cuando, como bien sabemos,  la realidad es otra.

Y en esta distorsión del estado de derecho y de sus principios que lo sustentan tienen mucho que ver los órganos judiciales, especialmente en el ámbito penal donde en los últimos seis años se vienen llevando procesos en condiciones adversas al encausado, generalmente promovidos por el régimen gobernante contra ciudadanos contrarios a la política oficial. Hay un olvido sospechoso en determinados casos de tomar en cuenta principios como la presunción de inocencia que garantizan el debido proceso.

Se opta más bien, contra todo criterio legal y justo, por aplicar medidas que limitan seria e injustificadamente la libertad de la persona anticipando en los hechos la condena del encausado bajo la figura de la siempre cuestionable detención preventiva. O, en último caso, se lo somete al encausado a una persecución judicial que no es común dentro de la administración de justicia pero que sirve a objetivos políticos. En ambos casos, los mecanismos judiciales resultan así convertidos instrumentos de represión.

Estas prácticas  que ya de por sí son un retroceso del derecho penal antes que un cambio positivo para humanizar la justicia como pretende un personero del gobierno, conducen a esta importante rama jurídica a convertirla en un derecho penal autoritario que estuvo vigente en épocas pasadas, propio de regímenes totalitarios que, para bien de la humanidad, fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial: fascismo y nazismo  (1939 – 1945), derecho penal que daba prioridad a los llamados “intereses del Estado” que al final no eran ni son otra cosa que los intereses y propósitos hegemónicos del partido gobernante que hace y se propone hacer de los órganos judiciales instrumentos a su servicio con fines políticos.

Las garantías del debido proceso al ser sustituidas por la peligrosa rutina de la detención preventiva o por una implacable persecución judicial terminan por despojar a la persona de sus derechos, por afectar su integridad física y moral para llegar a situaciones que no son otra cosa que un atropello a la dignidad humana dando una deplorable imagen  de nuestra justicia penal en pleno siglo XXI. A fin de evitar ello y más bien procurar que la persona goce de las garantías que la autoridad judicial debe otorgarle en todo proceso, hay necesidad inaplazable de restituir la independencia del órgano judicial y ponerlo a este a salvo de las presiones políticas, única forma de evitar épocas aciagas en la administración de justicia en Bolivia.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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