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 14 de Noviembre de 2018
OPINION
Estudio
'Ley Marco utilizada para destruir la oposición'
Diputado de CN califica de 'maldita' a la norma autonómica, mientras que masista argumenta su defensa. Tres analistas y la oposición basados en informe de violación a los DDHH de una fundación.
Lunes,  21  de Enero, 2013
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La finalidad de la ejecución de la Ley 031 o Ley Marco de Autonomía y Descentralización, es para destruir a la oposición política del  gobierno de Evo Morales y su partido el Movimiento Al Socialismo (MAS).

Es el punto de coincidencia de tres analistas, un opositor y un representante de los Derechos Humanos del país, en base a un reporte de violación a los derechos fundamentales entre el periodo de septiembre de 2011 y agosto de 2012.

Este trabajo de investigación fue elaborado por la Fundación Nueva Democracia a través del Observatorio de Derechos Humanos. Documento que establece que el 71% de las autoridades suspendidas se los hizo a través de la Ley Andrés Ibáñez o Ley 031. Explica que de ese porcentaje de suspendidos, el 79% son contra los opositores, y de esta cantidad, el 84% son del departamento de Santa Cruz.

Destrucción institucional. El politólogo José Luis Santistevan, dijo que desde que asume el poder el mandatario, destruyó la institucionalidad con el brazo de la justicia.

Por ese motivo, remarcó que el jefe de Estado tiene a su favor  el Ministerio Público, el árbitro electoral, el control de la constitucionalidad, la administración de la justicia y la Contraloría.

"Lo que hace el llamado Proceso de Cambio el 2009 con la Constitución, es crear una nueva estructura jurídica y para ello dicta 5 leyes fundamentales y una de ellas es la Ley Marco de Autonomía", explicó Santistevan.

Indicó que con esta norma creó una base de condiciones para perseguir, apresar y violar los derechos constitucionales de personas e instituciones electas.

Mejor traducción de la persecución.
Según el experto en conflictos sociales, Carlos Cordero, el reporte de la Fundación Nueva Democracia es la mejor traducción de la persecución política.

Resaltó que es una muestra de la utilización de los recursos de la justicia para perseguir y la utilización corrupta de los métodos judiciales subordinados a intereses de carácter político.

Demuestra figura hegemónica. Por su parte, el analista Romano Paz, manifestó que estos datos reflejan la figura hegemónica del mandatario Morales.

Cuestionó que a pesar de que el Gobierno pretenda mostrar institucionalidad a su gestión, en realidad se asienta sobre el caudillismo del Presidente del Estado.

Indicó que la violación a los derechos humanos atañe fundamentalmente al Ejecutivo nacional, ya que a diferencia de los otros gobiernos centralistas, el actual  es más abusivo y autoritario.

Similar criterio es del presidente de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos, Víctor Hugo Velasco, quien asegura si no se pone un freno, el Gobierno seguirá atentando contra los que piensan diferente a su régimen.

Ley dignifica el trabajo. Mientras que el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Garvizú, rechazó el hecho de que el Gobierno persiga y destruya a la oposición con la Ley Marco.

"Esta norma tiene la función de dignificar el trabajo de las autoridades electas y se las aplica contra aquellos que cometan actos ilícitos, tanto del oficialismo como de la oposición", justificó el parlamentario del MAS.

Es una norma maldita. Asimismo, el diputado de CN, Tomás Monasterio, calificó la Ley Marco de Autonomía como "maldita", porque se utilizó para aguillotinar a la oposición. Recalcó que por tal causa hace 54 días que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 144 y 145 de la mencionada norma y está esperando el fallo del Tribunal Constitucional para su anulación respectiva.

Algunos casos, según fundación nueva democracia

La Calancha.  En noviembre del 2007 producto del traslado de la Asamblea Constituyente al teatro Gran Mariscal de Ayacucho en Sucre, se produce una brutal represión dejando como saldo tres muertos.

Caso Urresti.  En enero de 2007, el joven universitario Cristian Urresti fue asesinado por las hordas campesinas cocaleras que habían tomado la plaza 14 de Septiembre en Cochabamba y no hay culpables.

Caso Cárdenas.  En abril de 2008, campesinos afines al masismo invadieron la vivienda del expresidente Víctor Hugo Cárdenas por Senk'aJawira, provincia Omasuyos de La Paz. Las hordas golpearon a la esposa y los hijos del exmandatario.

Caso 24 de Mayo.  En mayo de 2008, un grupo de estudiantes de Sucre hicieron arrodillar y pedir perdón a campesinos afines al MAS, por lo que el Gobierno demandó a miembros del Comité Interinstitucional.

Represión en Chaparina. El 25 de septiembre en San Lorenzo de Chaparina, próxima a Yucumo (Beni), 500 policías arremeten contra los marchistas que defendían el  Tipnis, dejando cientos de heridos.

Algunos casos emblemáticos

Represión a discapacitados. El 23 de febrero de 2012, un centenar de efectivos policiales reprimieron a la marcha de las personas con discapacidad cuando estos se aprestaban ingresar a la plaza Murillo.

Caso Quispe. El 12 de marzo de 2012, fue brutalmente asesinada la concejal del municipio paceño de Ancoraimes, Juana Quispe. Apartada del cargo de forma injusta y a los 32 días de volver fue asesinada.

Caso Mendizábal. El 29 de mayo de 2012, la jueza Ximena Mendizábal  dispuso la libertad del abogado Luis Ayllón. Ante esta acción judicial, la juzgadora  es demandada por prevaricato por parte de los abogados de la Gobernación de Chuquisaca.

Caso Pinto.  El 28 de mayo de 2012, el senador Róger Pinto decide refugiarse en la Embajada de Brasil. Once días después le dan luz verde para ingresar, pero Bolivia nunca entregó el salvoconducto  necesario.

Caso Ribera. El 19 de junio de 2012, asesinan a la concejala  Daguimar Ribera, de Guayaramerín, con 3 balazos. Tres semanas antes, Ribera instauró 4 procesos contra el alcalde Alexander Guzmán por nepotismo y malversación.


Punto de Vista

"Lo que el MAS no pudo ganar en las urnas lo hizo a través de la guillotina"

"La judicialización de las libertades, el abuso de poder y la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial se lo practicó contra autoridades exclusivamente cruceños.

Esto es una muestra que lo que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no pudo ganar en las urnas lo hizo a través de la guilllotina contra las autoridades electas por voto popular.

Esto a través de los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomía 'Andrés Ibáñez', que permite a sola acusación de un fiscal suspenden a alcaldes y gobernadores de la oposición.

Cabe resaltar que también hay un porcentaje mucho menor de autoridades del partido oficialistas que han cometido delitos como extorsión, violación sexual y corrupción.

Sin embargo, toda la política represiva como coartar la libertad de expresión y violación de los derechos humanos y al debido proceso se han hecho justamente contra ciudadanos y autoridades cruceñas.Tengo conocimiento que más del 82% de los procesos existentes en el país sobre esta temática son autoridades del departamento de Santa Cruz y son gente de oposición a nivel nacional. Por ello vuelvo a ratificar, que el Poder Ejecutivo a cooptado todos los espacios de poder. Como presidente de la Asociación Boliviana de Derechos Humanos, reprobamos la actitud del Gobierno Nacional. Por ese motivo, la organización que presido denunció estos atentados a los derechos fundamentales en Bolivia al senador brasileño Petecao y la senadora Perpetua Almeida, además del representante de Derechos Humanos del vecino país. En Estados Unidos visitamos también al representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e interpusimos recursos en Ginebra junto con los pueblos indígenas".

Víctor Hugo Velasco
Pres. Asoc. Bol. DDHH

 

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Marco Curi
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