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Lucha por la independencia del Poder Judicial
Martes,  12 de Junio, 2012

E l ámbito donde de manera inevitable está a prueba la independencia del poder judicial (Órgano Judicial) y de quienes lo ejercen es, a no dudar, el de los procesos judiciales, especialmente de carácter penal donde está en juego la libertad de la persona o cuando hay  intereses del Estado en litigio frente a pretensiones de particulares. La decisión del juez, desde los inicios  del proceso deberá sobreponerse a la presión que pueda ejercer el Estado a través de sus mecanismos gubernamentales, o a otro tipo de presiones o influencias provenientes de personas o instituciones del quehacer político o económico de la sociedad civil. En otras palabras el juez está llamado a cuidar que sus determinaciones estén sujetas solo a la ley y a los principios de equidad y de justicia.  Y en esta labor y cuando le corresponda es importante la concurrencia del Ministerio Público con sus dictámenes y requerimientos que también deben responder a tales principios, actuar al margen de toda forma de presión política y más bien garantizar el debido proceso.

Con alguna frecuencia los juzgadores se sienten comprometidos – o políticamente presionados- cuando deben pronunciarse en asuntos relacionados con los intereses del Estado (aunque fueran cuestionables) bajo la errada premisa de que la balanza necesariamente debe inclinarse a favor de él, porque el Estado se sitúa por encima del particular o del individuo, apartándose con este criterio de una concepción moderna de lo que es un Estado  democrático y optar contrariamente aquella otra de carácter absolutista propia de una ideocracia totalitaria que lleva a un “estado-partido”, o sea una especie de “confiscación del Estado por el Partido” como diría Octavio Paz.

No incurrimos pues en una ociosa reiteración si destacamos nuevamente el valor que tiene el principio de separación de poderes en una correcta administración de justicia, principio esencial cuya vigencia servirá siempre para identificar a un verdadero Estado de Derecho, algo que debe ser la divisa permanente de la conducta y acción de los poderes públicos si se quiere dar una imagen de convivencia civilizada en el país. En su momento dijimos que alterar este equilibrio de poderes mediante el control del órgano judicial es socavar el Estado de Derecho y desarrollar una trama típica de regímenes con inclinaciones dictatoriales – si es que no se han constituido ya en Estados totalitarios-  a la que no pueden prestarse ni ser llevados los órganos judiciales.

Dentro de este marco de reflexiones y para el caso, insertamos como hecho ilustrativo y de relevancia, un episodio que tuvo lugar en los estrados judiciales de Sucre teniendo como protagonista a la Jueza Tercero de Instrucción en lo Penal, Ximena Mendizábal que – según la versión informativa de la prensa- otorgó libertad irrestricta a un abogado acusado de la pérdida de una cámara fotográfica cuando era Director de Fortalecimiento Municipal en la gestión de la ex –prefecta Savina Cuéllar el año 2008.

Frente a esta determinación, la abogada de la Gobernación de Chuquisaca amenazó con instaurar proceso a la indicada jueza por prevaricato, frente a lo cual jueces y abogados de la Capital – con toda razón- calificaron esta actitud como amenaza a la independencia del juez, y de amedrentamiento. Al parecer la amenaza no prosperó aunque dejó una señal de que se pretende rebasar las garantías que todo ciudadano tiene en un Estado de derecho, en especial para asumir su defensa.  Comentamos este episodio porque creemos que se incorpora a la suma de todas aquellas actitudes de jueces empeñados en la lucha diaria por la independencia y dignidad de la justicia.
 

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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