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Editorial
Otra dura realidad
Lunes,  11 de Abril, 2011

Ha trascendido a los medios de comunicación la enorme preocupación que embarga al sector de la construcción de Santa Cruz, hasta el punto de señalar los obstáculos que debe enfrentar para superar la difícil situación económica local que amenaza con paralizar las obras públicas ya contratadas. En los hechos, la carestía de materiales de construcción y su consiguiente encarecimiento coloca a este sector en un callejón sin salida, porque se las ve y se las desea para cumplir con sus compromisos. Por otro lado, el aumento salarial decretado por el Gobierno viene a constituirse en otra pesada carga presupuestaria, para la cual no se encuentra preparado el sector dada la coyuntura.

¿Qué hará el Gobierno ante las demandas del sector de la construcción? Porque no se puede ocultar el hecho que los materiales de construcción han subido de precio ante la fuerte demanda y la escasa oferta. Esto significa incremento de los costos de las obras. El sector advierte que se encuentra en la imposibilidad de transferir el incremento provocado por factores externos a los contratos de obras, a no ser que se reajusten los precios de los contratos. Caso contrario, resulta previsible que las obras públicas queden inconclusas. Por esa sencilla razón, resulta imprescindible una respuesta pronta de parte del Gobierno. Cuanto más se demore, más insostenible se hará la presente situación.
 
De momento, se presentan dos escenarios: El primero incluye un diálogo amplio y abierto para analizar el reajuste de los precios de las obras en construcción, de manera que no se vea comprometida la conclusión de caminos, colegios, obras de electrificación, hospitales y otras obras del sector petrolero. El otro escenario debería construirse sobre la base de una nueva realidad económica en materia de construcción, es decir licitaciones de obras públicas que contemplen los nuevos gastos y precios, para que no se declaren desiertas las convocatorias por la dificultad de asumir los costos del encarecimiento de los materiales y el desafío de afrontar el nuevo incremento salarial.
 
Se trata de una cuestión de sentido común que debe ser acompañada de posturas inteligentes de acercamiento y concertación entre el Gobierno y el sector. La dura realidad del sector de la construcción de Santa Cruz viene a representar lo que pasa también en el país en la hora actual. Conviene tener en cuenta que el sector de la construcción tiene un peso específico en la oferta de fuentes de trabajo. Según el INE, la construcción nacional maneja alrededor de 400 mil fuentes de empleo de manera directa, mientras que Santa Cruz representa el 25 por ciento de ese total. En los hechos, directa e indirectamente un millón de personas depende plenamente de esa actividad.
 
Con esos antecedentes, resulta lógico esperar una pronta respuesta del Gobierno, ya que toda tardanza significa un agravamiento de las condiciones de cumplimiento de obras. Sin embargo, se sabe que las autoridades ministeriales pertinentes no han respondido a las reiteradas misivas del sector informándoles de la difícil situación. Habría que pensar que no han asimilado todavía la gravedad de la coyuntura pese a todas las advertencias. También suponer que a sabiendas de la gravedad de la situación, han decidido postergar las soluciones, lo que podría representar una tremenda irresponsabilidad. En todo caso, el problema exige del Gobierno buen tino y sensatez, antes que sea demasiado tarde.

 

Habría que pensar que el Gobierno no ha asimilado todavía la gravedad de la coyuntura pese a todas las advertencias, lo que podría representar una tremenda irresponsabilidad.

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