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Ley contra el racismo
Editorial
Sábado,  11 de Septiembre, 2010

El nuevo proyecto de ley contra el racismo y la discriminación que ha sido puesto en consideración de la Cámara de Diputados a instancias del oficialismo, se muestra como una normativa dura y de doble filo. De aprobarse, generará más de una tensión en un terreno de por sí delicado y complejo, como es el asunto del racismo y con tantas aristas como es el de la discriminación. La intención de sancionar, incluso con la privación de la libertad, a quienes incurran en actos discriminatorios de cualquier índole, especialmente en el terreno laboral, parece dirigido intencionalmente al sector privado, aunque uno de sus acápites señala duras penas para los propios funcionarios públicos.
Por donde se vea, la normativa persigue desterrar el racismo y la discriminación en el país, así sea por la vía de la justicia. Sin duda que, si se aprecia las buenas intenciones del Gobierno, la medida legal resulta plausible porque se sustenta en la defensa de uno de los derechos fundamentales del ser humano. El hecho que la normativa sancione actos de no admisión o despido de una fuente de trabajo, por ejemplo, cuyos móviles sean de índole racista o discriminatoria, constituiría un importante avance si las cosas se hacen bien y apegadas a lo justo. No obstante, habrá que considerar el alcance y límites de esta normativa para evitar se caiga en el abuso perjudicando a empleadores privados.
En todo caso, la necesidad de aprobar códigos de ética en las empresas para sancionar administrativamente actos de discriminación y racismo no tardará en imponerse ante un proyecto de esta naturaleza, para que en el interior de las mismas empresas se actúe de acuerdo a normas claras de tolerancia y amplitud de criterio. De esta manera también habrá que establecer instancias de denuncia y de seguimiento a procesos administrativos y disciplinarios contra los funcionarios infractores que, según la gravedad de las faltas, se habrá de conducir hasta las instancias judiciales, con posibilidad incluida de cárcel.
Sin duda que estamos yendo de sorpresa en sorpresa, como una muestra palpable que Bolivia es un país muy difícil de entender. El mismo hecho que se haya impulsado un proyecto contra el racismo y la discriminación está poniendo en evidencia la presencia de un importante nivel de intolerancia en el país, que hasta hace un tiempo daba la impresión de ser inexistente o banal. Es muy posible que el grado de confrontación política haya tenido su peso específico en esta problemática que hoy se pretende combatir desde normativas duras que se espera estén destinadas a todos por igual.
Existe una justificada susceptibilidad de parte de la opinión pública nacional, que sospecha que el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación pretende además de una tarea de prevención, coartar el derecho a la expresión en los medios de comunicación y ejercer sobre ellos una especie de control con el pretexto del racismo y discriminación. La duda ha sido sembrada, puesto que si en ellos se incluyeran notas discriminatorias, se procederá a la sanción económica o suspensión de la licencia de funcionamiento. Lo que puede ser un instrumento de control. Esta desconfianza se profundiza aún más si se toma en cuenta que en el proyecto de ley contra el racismo y la discriminación no se aclaran cuáles las agravantes que ameritan llevar una denuncia a las esferas judiciales para un juicio penal. Sería deseable que el Gobierno arroje luz sobre esas sombras.

Pretende coartar el derecho a la expresión en los medios de comunicación y ejercer sobre ellos una especie de control.

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