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 14 de Diciembre de 2019
Deportes
El agro se pronuncia
Critican penas leves contra 'tomatierras'
Proyecto. Anapo cuestiona que la ley trata como avasalladores a productores extranjeros.
Sábado,  21  de Diciembre, 2013
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Ref. Fotografia: Norma. El desalojo de los avasalladores se realizarán en un plazo de 72 horas según la ley.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), indica que dentro de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) existen personas que están protegiendo a los "tomatierras", ya que en el proyecto de la Ley Contra Avasallamientos aprobado en el Senado se estableció un castigo de 3 a 8 años para los que incurran en este delito, cuando el sector productivo pedía de 5 a 15 años. Asimismo, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), critica 5 puntos de la norma, que ahora pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Observaciones a la ley. Julio Roda, presidente de la CAO, señaló que con un castigo mínimo de tres años, el avasallador puede salir en libertad con medidas sustitutivas en pocos días. Por esta razón denunció que algunas personas de la bancada oficialista no desean que se frenen los avasallamientos de las tierras productivas. "Con esto se demuestra que existe gente dentro de la bancada del MAS que está protegiendo a estos grupos vandálicos, son personas que le interesa que siga habiendo avasallamientos en el país, esto es muy preocupante", manifestó Roda a tiempo de añadir que entre los puntos positivos de la ley están el plazo de 72 horas para retirar a los avasalladores de las propiedades y la prohibición de dotar tierras fiscales por 10 años a los que avasallen las propiedades.

Por su parte, Demetrio Pérez, presidente de Anapo, comentó que están en desacuerdo con algunos artículos de la norma como ser la cantidad de años de castigo, el trato que se le da a los productores extranjeros, ya que los pone al mismo nivel de los avasalladores. También dijo que propusieron una ley dura que incaute los bienes de los avasalladores, similar a  la ley 1008.

"No incluye penas más duras, pedimos un mínimo de 10 años para que los actores estén prevenidos a las acciones. Con esta ley se está convirtiendo en avasalladores a poseedores legales de origen extranjero, que tienen derecho por estar produciendo antes de la ley INRA de 1996. Los productores bolivianos que tienen más de 5 mil hectáreas también pueden tener la misma suerte. Por último así como está el proyecto de ley, es una aplicación retroactiva de la CPE lo que hace que su disposición adicional segunda sea inconstitucional, porque viola los derechos fundamentales", dijo Pérez a tiempo de mencionar que esperan que se reconduzca hacia una ley más dura.

"Había una propuesta trabajada pero no fue tomada en cuenta, porque era una muy similar a la 1008. Algunos parlamentarios, velando algunos intereses, esperemos que no estén involucrados y puedan modificar una ley bastante benevolente". No se sabe si la Asamblea tendrá el tiempo para aprobar la norma este año.