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Sin tregua Frente al crimen
Miércoles,  7  de Noviembre, 2012

El presidente Morales ha decidido retroceder en su intento por llevar adelante una dura ley confiscatoria que supuestamente debía afectar los intereses del crimen organizado, especialmente de los narcotraficantes y contrabandistas.

Cuando comenzó la polémica por la aprobación de la ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, el primer mandatario dijo que solo los narcos y mafias ligadas al contrabando podrían oponerse a esta norma, lo que haría suponer -en base a esas declaraciones-, que son precisamente esos sectores los que le han doblado el brazo y que incluso amenazaban con generar una crisis interna dentro de la administración gubernamental.

Durante el anuncio que ponía fin al debate parlamentario, Morales dijo que su único interés es “afectar al crimen organizado”, meta que al parecer se ha vuelto urgente para el Gobierno tras admitir que algunas mafias están tomando el control de vastas regiones del país y a decir de los propios ministros, “amenazan la soberanía del Estado”.

La redacción de la ley en cuestión ha estado a cargo del Ministerio de Gobierno, más propiamente de su titular, Carlos Romero, quien ha sido blanco de críticas internas, que observan algunos rasgos inconstitucionales en la norma que precisamente ha pasado a consulta máximo organismo de la justicia boliviana.

Sería lo más que correcto que una vez superados estos problemas, el Gobierno siga insistiendo en dotarse de todos los instrumentos necesarios para combatir el crimen, más allá de todos las complicaciones que le pueda ocasionar, pues se sabe muy bien que hay amplios sectores afines al “proceso de cambio”  a los que les conviene que las cosas permanezcan como ahora y en parte eso es responsabilidad de las más altas cúpulas gubernamentales que durante los últimos años se han portado contemplativas con los grupos que combinan la política con la ilegalidad o que, a través de instrumentos políticos protegen actividades oscuras.

De cualquier forma, con una nueva ley o sin ella, tal como se lo ha manifestado en este espacio, las autoridades nacionales cuentan con la fuerza legal suficiente para arremeter y poner a raya a las mafias. El único requisito necesario es diseñar políticas y estrategias de largo aliento y abandonar las ambigüedades que desafortunadamente han sido las que han permitido este avance del crimen que ahora pone en aprietos al Estado, pues  ni siquiera le permite legislar.

En reiteradas ocasiones se le ha advertido al régimen que la economía ilegal, que ha cobrado demasiada fuerza y que por momentos actúa como si fuera un movimiento social que realiza planteos fundamentales para el país, ha llegado a punto el que pareciera intentar tomar el control del país. De eso se han dado cuenta incluso los países vecinos, especialmente Brasil que presiona cada vez con mayor fuerza para el Gobierno tome las riendas y decida controlar fundamentalmente el narcotráfico. No hay que olvidar que Bolivia ocupa una posición geográfica estratégica en Cono Sur y lo que haga o deje de hacer afecta directamente a todos los países vecinos entre los que se encuentran nada menos que dos gigantes latinoamericanos.

Si es real el interés del Gobierno de luchar contra el crimen, si esta ley, al igual que la arremetida que encaró hace poco contra los contrabandistas de autos en Challapata, está enmarcada en una política de Estado, conviene que se vuelva a insistir nuevamente, obviamente, sin vulnerar ninguno de los preceptos constitucionales.

Con una nueva ley o sin ella las autoridades nacionales cuentan con la fuerza legal suficiente para arremeter y poner a raya a las mafias. El único requisito necesario es diseñar políticas y estrategias de largo aliento y abandonar las ambigüedades que desafortunadamente han sido las que han permitido este avance del crimen que ahora pone en aprietos al Estado, pues  ni siquiera le permite legislar.