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Política
Conductores bajo sospecha
Editorial
Lunes,  12 de Julio, 2010

El transporte público urbano constituye uno de los servicios fundamentales que las autoridades ediles y nacionales están en la obligación de proporcionar a la ciudadanía. Para ello, se hace preciso no sólo normar la oferta de las unidades vehiculares apropiadas, que deben ser cómodas, espaciosas, seguras y en el número suficiente para satisfacer la demanda, sino también controlar que los recursos humanos asignados a las mismas estén de acuerdo con la elevada responsabilidad que entraña transportar personas de toda edad y condición, a diferentes horarios y cubriendo distancias diversas. De hecho, las ciudades que cuentan con un buen servicio de transporte público implican también buena gestión edil.
Sin duda que ello incluye otros detalles como la implementación de la señalización horizontal y vertical y el ordenamiento del tráfico vehicular, sin olvidar el respeto a las normas y regulaciones por parte de usuarios y conductores. Conviene enfatizar en el hecho que para un adecuado control del servicio de transporte público se hace preciso también un registro cuidadoso y obligatorio de toda unidad de servicio, consignando todas sus características e identificando a propietarios y conductores responsables sin excepción. Esto significa no sólo amplias posibilidades en el terreno del control, monitoreo y evaluación de recursos físicos y humanos, sino un auténtico respaldo a favor de la seguridad ciudadana.
Pero resulta que en Bolivia, y especialmente las ciudades del eje troncal del país, la inseguridad ciudadana se ha extendido al transporte de servicio público urbano. Desde hace un tiempo, las denuncias de abusos sexuales, asaltos y otros delitos por parte de los conductores hacia los usuarios de taxis y radiomóviles han ido en aumento. En varios casos estas agresiones han culminado en la muerte de los infortunados pasajeros, especialmente del género femenino, a la sazón las víctimas preferidas. En tales casos, ha sido muy difícil identificar al conductor agresor y al vehículo utilizado en la comisión del delito.
Por esta penosa situación es que las autoridades nacionales y locales han caído en cuenta que no se tiene un registro pormenorizado y actualizado permanente de los servicios de transporte público urbano en el país. En la ciudad de Santa Cruz, por ejemplo, operan más de 171 empresas de radiotaxis, de las cuales sólo están registradas 40 en Tránsito. Del mismo modo, la mayor parte de las más de 200 líneas de trufis trabajan  sin autorización de operación. ¿Quién sabe cuántos taxistas libres operan sin control alguno? Lo cierto es que la delincuencia aprovecha esta ausencia de regulación y control para cometer sus delitos.
Resulta lógico que el empadronamiento de los vehículos de servicio público y el registro de los conductores debe hacerse exigiendo los requisitos del caso, tratando de evitar trámites engorrosos a fin de facilitar la base de datos mínima para implementar el proyectado sistema de registro digitalizado y moderno a partir del año 2011. Por el momento, y en tanto el proceso de registro se pone en marcha, Tránsito debería en primera instancia, redoblar el control de los taxis y radiomóviles en las vías, exigiendo con severidad las autorizaciones correspondientes y las licencias pertinentes a los conductores, especialmente en el sector de los “libres”, donde por lógica los delincuentes se pueden camuflar con mayor facilidad.
 

Tránsito debería redoblar el control de los conductores de taxis y radiomóviles, exigiendo las autorizaciones y licencias de rigor.

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