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Miércoles
 26 de Septiembre de 2018
Política
Ley bajo sospecha
Editorial
Jueves,  4  de Febrero, 2010

A través de sendas declaraciones a la prensa por parte de funcionarios del Ejecutivo, se ha podido conocer que el Gobierno tiene listo un proyecto de ley para interceptar llamadas telefónicas con el fin de apoyar la lucha contra el narcotráfico. Resulta lógico suponer que este documento será puesto pronto a consideración de la Asamblea Legislativa Plurinacional para su debate y posterior aprobación, lo que seguramente se hará sin mayores trámites dada la abrumadora mayoría de miembros con que cuenta el oficialismo. Sin embargo, la referida ley conlleva serios riesgos.
En primer lugar, es de conocimiento general que el “pinchamiento de teléfonos” viene siendo desde hace un buen tiempo una práctica habitual de los servicios de inteligencia y policiales en varios países, sujeta a una normativa que impide los excesos. Sin embargo, nadie cree que en el país se interfiera las llamadas telefónicas con orden judicial y cumpliendo una serie de procedimientos previos obedeciendo al pie de la letra lo que señala el marco jurídico. La razón es que la informalidad prevalece sobre la responsabilidad institucional y la acuciosidad con que se debe manejar este asunto de tanta importancia.
Es justamente esta suerte de desprecio del cumplimiento de las normativas lo que hace creer que, si la referida ley se aprobara, serviría más para los fines políticos que persigue el oficialismo contra la oposición. Por otra parte, la opinión pública considera que los organismos policiales y de inteligencia utilizarían la normativa para vulnerar cuando se les antoje la privacidad a la que tienen derecho los ciudadanos por mandato de la Nueva Constitución Política del Estado y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Con todo, la proyectada ley permitiría usar equipos de última tecnología, digital y satelital, lo que ha aumentado el grado de susceptibilidad existente y ha generado mayor temor.
Resulta claro que el objetivo de la proyectada nueva ley es atrapar a los “peces gordos del narcotráfico”, en concordancia con la lucha contra el narcotráfico y la revalorización de la hoja de coca. El hecho que esta normativa será consensuada con las organizaciones sociales y las autoridades con el fin de corregir errores en su elaboración antes de ser aprobada, alienta, al menos en el terreno de las declaraciones formales, un apego al derecho ciudadano por su privacidad y la libertad de expresarse. Y aún así resulta natural se piense que existe la amplia posibilidad de que se violen los derechos constitucionales de los ciudadanos con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.
Por tales razones, el Gobierno está en la obligación de otorgar las garantías necesarias que permitan esperar una conducta más comprometida con la transparencia democrática y el respeto irrestricto de los derechos fundamentales del hombre. La cadena de hechos signada por la transgresión de normas y leyes por parte del Ejecutivo, coloca a la ciudadanía en la disyuntiva de aplaudir la promulgación necesaria de reglas claras o, por el contrario, impedir la aprobación de una ley que se utilizará de manera discrecional por la Policía y otras autoridades para invadir la privacidad de la ciudadanía, así sea en nombre de la batalla permanente contra narcotraficantes y delincuentes organizados dentro del país.

La informalidad prevalece sobre lo institucional y la acuciosidad con que se debe manejar este asunto de tanta importancia.

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