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La justicia denuncia acoso
Lunes,  22  de Diciembre, 2014

A coso, hostigamiento, presión. Eso denuncian las juezas cruceñas, Isidora Jiménez Castro y Claribel Ayala Perrogón en un libro que acaban de presentar esta semana en el Palacio de Justicia.

Y aunque no se trata de algo que no se sepa, el hecho reviste importancia porque por primera vez, dos administradoras de justicia expresan su queja en una publicación que responde además a una investigación metódica realizada en la capital cruceña.

En principio definen al acoso institucional como “aquella presión tan grande que pueda e induce a tomar decisiones cegadas o prevaricadoras”. El prevaricato, según el artículo 173 del Código Penal se aplica contra el juez que en el ejercicio de sus funciones dictare resoluciones contrarias a la ley y la pena más grave es ocho años de prisión.

Como marco normativo señalan que precisamente uno de los valores de la Constitución Política del Estado en vigencia desde el 2009 señala a la dignidad como un elemento básico de la dignidad del ser humano en el marco del Estado Social de Derecho que plantea.

Sin embargo, el acoso institucional, traducido en presiones que ejercen abogados, grupos sociales y el Consejo de la Magistratura, provoca la inseguridad judicial de quienes administran justicia.

La justicia es la concepción que cada época y cada civilización tiene acerca del sentido de sus normas y es un valor determinado como bien común por la sociedad que nace de la necesidad de mantener la armonía entre sus integrantes.

Para diversos autores, la justicia no consiste en dar o repartir cosas en la humanidad, sino saber a quién le pertenece cada cosa, como lo señala el jurista romano Ulpiano. Pero este fin no puede llevarse a cabo por esas presiones que según las jueces, limitan la comunicación, el contacto social y provocan el desprestigio y desacreditación de los jueces, además de provocarles problemas de salud.

También señalan como principios de la función judicial, a la independencia e imparcialidad que se traduce en la no injerencia de criterios o presiones externas para dictar un fallo.

De ahí que para fundamentar la evidencia del acoso institucional, las autoras del libro encuestaron a 44 de los 183 magistrados que existen en Santa Cruz.

Es así que el principal punto que denuncian los jueces es que el proceso disciplinario, señalado en el artículo 184 de la Ley 025 del Órgano Judicial, se lleve en forma independiente de los procesos penales y civiles. El 89% dijo estar en desacuerdo porque viola el debido proceso y el derecho a la defensa de los jueces.

Asimismo, un 93 por ciento señala como acoso institucional a la falta de ética de los abogados, cuando están  perdiendo un caso o tiene un fallo adverso.

Las juezas recomendaron convocar al Consejo de la Magistratura para que en vez de ejercer el rol de detractor del Poder Judicial de cumplir su misión de hacer efectiva la administración de justicia y de elaborar un perfil de juez.

También le piden que contribuya a la visión de Estado Social de Derecho, de respetar la dignidad y la honra, porque ‘de lo contrario debe dejar de ser’, les dicen.

Las autoras del libro, Isidora Jiménez Castro, es juez de la Villa Primero de Mayo y Claribel Ayala, juez de la Niñez y Adolescencia, en Montero. La obra tiene el prólogo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries.

Se trata de una contribución interesante y aunque no lo mencionan explícitamente, se trata de ponerse de cara frente a tantas denuncias de ‘justicia podrida’ que reciben de algunas autoridades políticas que no admiten que la injerencia es el peor cáncer que sufre la administración de justicia en Bolivia.

Y que hasta ahora saben cómo solucionar el entuerto en el que se han metido después de elegir por voto popular a los altos magistrados.

Robertomendezuagrm@gmail.com

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Roberto Mendez
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