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 14 de Noviembre de 2018
Política
Denuncias
Defensor pide sancionar a fiscal potosino por violencia psicológica y acoso laboral
En junio pasado, la Representación en ese departamento recibió denuncias de dos servidoras de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos (UPAVIT), quienes acusaron a la fiscal de materia y a su auxiliar legal de varios actos de violencia.
Miércoles,  22 de Octubre, 2014
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Ref. Fotografia: Defensor del Pueblo, Rolando Villena. (Archivo)

La Representación de la Defensoría del Pueblo en Potosí, ante denuncias recibidas de maltrato, violencia sicológica y acoso laboral por parte del Fiscal del Departamento de Potosí, José Luis Barrios, además de una fiscal de materia y el auxiliar legal de esa repartición, contra varias servidoras de esa institución, realizó una investigación y confirmó estos extremos, por lo que emitió recomendaciones al Fiscal General y exigió procesar y sancionar a los responsables según establecen las normativas.

 

Por su parte, el Defensor del Pueblo Rolando Villena instruyó que se haga un seguimiento permanente al caso y pidió a las autoridades y especialmente al Fiscal General, que se realice una investigación exhaustiva, transparente, imparcial y urgente que “sancione y detenga estos hechos de vulneración de derechos humanos sin proteger a ninguna persona, así se trate de autoridades”, señaló.

 

En junio pasado, la Representación en ese departamento recibió denuncias de dos servidoras de la Unidad de Protección y Atención a Víctimas y Testigos (UPAVIT), quienes acusaron a la fiscal de materia y a su auxiliar legal de varios actos de violencia, entre ellos el haber comparado a esa repartición con un lenocinio, situación que fue confirmada por sus compañeras de trabajo que también indicaron ser maltratadas y que callan por temor y por no perder su fuente laboral.

 

La Representante de la Defensoría en Potosí, Jackeline Alarcón, indicó que de acuerdo a la investigación, se evidenciaron serios indicios que en la Fiscalía de Potosí existe maltrato, violencia sicológica y violencialaboral, especialmente contra las servidoras, presuntamente generada por los acusados. Con estos actos, acotó, se estaría infringiendo la Constitución Política del Estado (CPE).

 

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