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Política
Tribuna
La Corte de La Haya  y  'las situaciones' presentadas ante ese Tribunal
Martes,  19  de Febrero, 2013

Lo que comúnmente conocemos como “denuncias”, la CPI  prefiere,  con mejor criterio, referirse a “situaciones”, presentadas ante ese Tribunal. Estas “situaciones” pueden ser remitidas a la Corte por un Estado Parte, por el fiscal o por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El fiscal para poder  iniciar una investigación, tiene que contar con el permiso de la Cámara de Juicio Previo integrada por tres jueces.

No es necesario agotar todas las instancias judiciales internas de un país para someter una “situación”  a la Corte, puesto que este Tribunal no es una Corte de Derechos Humanos, como es  la Corte Interamericana de los DDHH o la Corte Europea de DDHH. Es un organismo judicial, permanente, independiente de la ONU y del Consejo de Seguridad (se relaciona con ese Organismo Internacional en los términos que señala el Estatuto de Roma), con personería jurídica internacional, para investigar, y juzgar a las personas que han cometido las violaciones más graves  en contra del derecho internacional  humanitario, como ser genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de  guerra y crímenes de agresión, delitos tipificados por el Estatuto de la CPI, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998 y puesto en vigencia el 1 de julio de 2002, con 76 ratificaciones.

La Corte no reemplaza la competencia de los Tribunales internos de cada país,  es complementaria a ellos. Solo inicia una investigación, si un Estado Parte no puede o no tiene voluntad de hacerlo.

La CPI tiene competencia sobre los crímenes cometidos por ciudadanos de los Estados que han ratificado dicho Estatuto  y cometidos en el territorio de esos Estados. Los Estados que han ratificado ese instrumento se los denomina “Estados Parte”. Hasta 2012, ciento veinte países lo  han  firmado. Entre los que no lo hicieron tenemos a Estados Unidos, Rusia, China, India, Israel, Cuba e Irak .

Con referencia a “situaciones” presentadas ante la CPI, el actual Embajador de Bolivia en los Países Bajos, habla de 400 en el 2012, de ellas –señala- solo dos han pasado a la instancia de investigación por el fiscal. Entre las “situaciones” presentadas  en los últimos años, tenemos: contra los presidentes Hugo Chávez de Venezuela y Evo Morales de Bolivia, contra el expresidente de México, Felipe Calderón y una incluso absurdamente contra el reciente renunciado Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger.

En lo que toca al Primer Mandatario boliviano, fue la diputada opositora Norma Piérola, la que la presentó personalmente ante la Corte, cuya documentación, seguramente solo ha sido recibida y no admitida. Y presumo que será archivada, por no existir motivos valederos  para una investigación. La diputada habla de “genocidio”. Este grave delito, al  igual que los delitos de lesa humanidad, no han tenido lugar en  Bolivia a través en su historia.  

Es por ello, que el pedido de extradición de Sánchez de Lozada, mal tipificado como “genocidio”,  se encuentra atorado en los Estados Unidos. “Genocidio” es de acuerdo al  Estatuto de Roma como “matanza, lesión grave, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal”.

La “inadmisibilidad” de un caso presentado  se dará,  según el Estatuto de Roma, cuando “ no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de medidas por la Corte” .

Es diferente la “situación” conocida por la CPI, contra el expresidente mexicano, Felipe Calderón. Se recibió el caso en noviembre de 2011,  de manos de los abogados  de un colectivo de veinte y tres mil mexicanos, donde se señalan más de 470 casos tipificados de “crímenes de guerra y lesa humanidad”. No olvidemos que el gobierno de Calderón ha venido combatiendo a los cárteles de la droga, durante su sexenio. La española  asesora del CPI, Dolores Delgado , ha manifestado  que “no solo por existir una denuncia contra Calderón, la Corte investiga la violencia en México, sino también por las cifras enormes de homicidios”.

La constitución de los tribunales especiales  por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, para la ex Yugoslavia, en 1993 y de Ruanda, afirma  un  internacionalista español, “ha contribuido a acelerar los trabajos de codificación, para la creación de una jurisdicción penal internacional como la CPI ”.




 

Acerca del autor:
Roberto-Prudencio--Lizon
Roberto Prudencio Lizón
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