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Lunes
 16 de Septiembre de 2019
Política
La anulación del desacato como delito volvió a inspirar confianza
El Tribunal despierta, pero tres exámenes lo esperan
El Tribunal tiene que ser bombero y apagar varios conflictos sociales y políticos.
Domingo,  18  de Noviembre, 2012
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El nombre del Tribunal Constitucional ha vuelto a ponerse de moda y ha estado en boca de oficialistas y opositores después de haber permanecido por unos cuatro años en silencio, sorprendió su despertar eliminando el delito de desacato del Código Penal, para sorpresa del oficialismo que con esa figura delictiva tenía a una veintena de opositores contra las cuerdas en juicios.

El analista político Emilio Martínez, autor del libro “Ciudadano X”, dijo que parte fundamental de la estrategia del Movimiento Al Socialismo para rediseñar la Constitución Política de Estado  a su imagen y semejanza fue la suspensión del control de constitucionalidad, mediante la acefalía forzada del Tribunal Constitucional.

Desde entonces, Bolivia ha vivido en un limbo jurídico, funcional a un gobierno que ve allanado el camino para dictar medidas de dudosa legalidad.

Sin embargo, el nuevo tribunal parece estar recobrando la relevancia en los últimos tiempos, como espacio de arbitraje en temas álgidos como el desacato, la Ley de Extinción de Dominio, la Ley Marco de Autonomías y los planes releccionistas de Evo Morales.

Aplauden el despertar.
El decano de la Facultad de Derecho, Manfredo Menacho, dijo que como especialista en seguridad social, el Tribunal Constitucional también está sentando líneas jurisprudenciales al exigir que; por ejemplo, la estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) responda con el pago de beneficios a extrabajadores.

Explicó que en algunos casos YPFB presionó a algunos jueces laborales de primera instancia para que éstos fallen a su favor, sin embargo, cuando fueron en revisión, el Tribunal Constitucional hizo justicia.

“Es una buena señal y no nos queda otra que aplaudirla”, dijo.

Asimismo, el abogado constitucionalista Jorge Asbún dijo que esas son pautas importantes, tanto la eliminación del desacato como delito, como la no retroactividad de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

“Son pautas positivas de un valor integral, pero habrá que esperar su actuación en temas más delicados y con connotación política el del desacato, como son la Ley de Extinción de Dominio de Bienes o la misma apertura a la candidatura para que el presidente Evo Morales opte por la relección en el 2014.

Puede ser una de cal y otra de arena. Un tanto desconfiado, el director del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Ángel Paz, señaló que “puede ser una cal y otra de arena” al referirse a que el Tribunal Constitucional ha podido pronunciarse de acuerdo a normas internacionales, porque no le quedaba otra, pero fallar a favor del Gobierno en la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, la Ley Marco de Autonomías que suspende a las autoridades electas o abrirse a una tercera candidatura de Evo Morales, en el gobierno desde el 2006.

Por su lado, el presidente del Comité Cívico, Herland Vaca Díez, señaló que para seguir ampliando su credibilidad y que la gente vuelva a tener confianza, el Tribunal Constitucional debe derogar los artículos 144 y 145 de la Ley Marco de Autonomías y en atención a lo que señala la Constitución Política del Estado, las autoridades electas puedan ser suspendidas con sentencia ejecutoriada.

Posiciones políticas. 
Sobre el tema, Luis Felipe Dorado, jefe de la Bancada de Convergencia Nacional, observó ahora que espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie con prontitud respecto al recurso abstracto de inconstitucionalidad en contra de tres artículos de la Ley Marco de Autonomías presentado en julio pasado. Los opositores esperan que el fallo sea igual que las últimas dos sentencias constitucionales respetando la Constitución Política del Estado (CPE) y los derechos humanos, para rectificar las irregularidades.

Analistas y estrategia. 
Por su lado, la cientista política, Jimena Costa, señaló que desde que asumió la presidencia Evo Morales apuntó a tener un Tribunal Constitucional dócil.

Por eso cree que esto puede ser una estrategia para mejorar la imagen de ese organismo y entonces en una jugada maestra provocar que este se pronuncie si puede o no aspirar a un tercer mandato ilegal y los siete magistrados deberán hacerlo porque no es raro que el mismo Evo Morales plantee la consulta.

En lo mismo coincidió el ex diputado de Unidad  Nacional y hoy analista político, Alejandro Colanzi, al afirmar que se trata de una estrategia bien planificada, mejorar la imagen del Tribunal y cuando este se encuentre en su mejor momento aprobar la inconstitucional postulación a una tercera candidatura.

¿Injerencia?.  El recientemente electo  presidente del Tribunal Constitucional, Ruddy Flores, no pudo responder a nuestro requerimiento periodístico; sin embargo, hace poco negó que exista injerencia del Gobierno  nacional y discriminación dentro de este nuevo cuerpo colegiado, tal como lo había denunciado el controvertido magistrado Gualberto Cusi, conocido por haber revelado que leía las hoja de coca  antes de emitir sus fallos.

El controvertido magistrado Cusi.  El desafío que enfrenta el Tribunal Constitucional ocurre cuando el magistrado Gualberto Cusi se ha convertido en una especie de manzana de la discordia pues volvió a revelar injerencia de parte de los diputados Rebeca Delgado y Héctor Arce en un fallo sobre el Tipnis que dejó desamparados a los indígenas frente a la pretensión de los indígenas de frenar una consulta en esa reserva natural y la construcción de una carretera que divide el parque.

Cusi recientemente ha vuelto a desafiar a la Cámara de Diputados al señalar que ellos no tienen facultades para abrirle un proceso pues se trata de una autoridad electa por voto.
 

Punto de vista

José Luis Santistevan
Abogado Constitucionalista

'La ley de extinción de bienes es inconstitucional'

“Una de sus pruebas de fuego es fallar en un tema  cuya inconstitucionalidad es evidente. Existen dos elementos que deben quedar muy claros: a) Estamos de acuerdo que se luche y castigue los delitos de narcotráfico, corrupción, contrabando y enriquecimiento ilícito, b) El Gobierno y la estructura administrativa a su cargo deben de ser mucho más efectivos en el control de las zonas que producen la materia prima para la elaboración de cocaína y las zonas de ejercicio libre de la actividad del contrabando.

El problema del Gobierno central es que en forma permanente elabora leyes inconstitucionales que rompen el contrato social, una vez aprobadas, se constituyen en un factor de poder del partido gobernante.  La Ley de extinción de dominio de bienes crea una jurisdicción administrativa al margen de las dos jurisdicciones establecidas por la Constitución: la ordinaria y la indígena art. 179 CPE.-va, a un funcionario administrativo, viceministro, algo inadmisible para el derecho administrativo de acuerdo al art. 115 de la CPE, provocando indefensión ciudadana y colocando la jurisdicción administrativa por encima de las dos jurisdicciones definidas por la CPE. (ver art. 3-II del proyecto). Viola la presunción de inocencia y el debido proceso, derechos establecidos en el art. 116-117 CPE, porque determina una culpabilidad seguida de una sanción sin que la persona sea oída y juzgada en un debido proceso y ante autoridad judicial. Por cuanto el proyecto determina y sentencia en la vía administrativa la culpabilidad y la sanción de una persona. (Ver art. 10 del proyecto). También viola el derecho a la legítima defensa, derecho consagrado por el art 119-120 CPE cuando se presume la culpabilidad bajo el principio de inversión de la prueba.

Tribunal
Estuvo 'durmiendo' por cuatro años

Órgano político.  En Bolivia, el Control de Constitucionalidad fue primero confiado a un órgano político, situación que se desarrolló durante una buena parte del siglo XIX 6; luego el Control de Constitucionalidad se confió a los jueces y a la Corte Suprema de Justicia,  lo cual generaba un modelo mixto de Control de Constitucionalidad es decir, tanto concentrado como difuso. Fue en la reforma de 1994 que se introdujo el Tribunal Constitucional 8 y en consecuencia se avanzó hacía un modelo de Control de Constitucionalidad concentrado, que se mantuvo en la reforma de 2004 y en la actual Constitución Política del Estado de 2009, con l a modificación que los siete titulares y suplentes son electos por voto directo.

Independencia. El Tribunal Constitucional en Bolivia es además Plurinacional, es decir, está llamado a la construcción de un Constitucionalismo Plurinacional a partir de dar vida al pluralismo jurídico y la interlegalidad, es decir a plurales sistemas de justicia.

 El Tribunal Constitucional Plurinacional es un órgano constitucional independiente; distinto y separado de los órganos del poder público, como el Ejecutivo, el Legislativo y el Electoral cuyos actos, resoluciones y decisiones controla, referidas a la legalidad, presunción de inocencia,

Sede. Esa institución estuvo durante cuatro años prácticamente paralizada luego de la renuncia de sus magistrados que alegaron injerencia política del gobierno central  y también el nombramiento de esos titulares en forma directa por el presidente Evo Morales.

 

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Roberto-Mendez-
Roberto Mendez
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