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Martes
 13 de Noviembre de 2018
Nacional
Soza suma otra querella contra Rubén Costas
El fiscal Marcelo Soza, que investiga el caso Rózsa, demandó al Gobernador cruceño por desacato. Quiere llevarlo a La Paz.
Miércoles,  14 de Julio, 2010

El fiscal Marcelo Soza, quien investiga el presunto caso de  terrorismo, presentó ayer un nuevo proceso penal contra el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, por el delito de desacato,  como lo hizo la semana pasada el vicepresidente Álvaro García Linera.
El abogado del fiscal Soza, Moisés Ponce, dijo que se presentó una querella contra Costas porque esta autoridad departamental, opositora del actual régimen del Gobierno de Evo Morales, habría cometido el delito de desacato al difamar de manera pública a través de los medios de comunicación al representante del Ministerio Público.
“Señaló que el fiscal Soza es un bufón del Gobierno”, declaró Ponce  tras presentar el memorial de la denuncia penal. “Esperamos  que se pueda citar al gobernador de Santa Cruz y tras la acusación formal podría ser suspendido de su cargo de Gobernador”, afirmó.
El pasado viernes, el vicepresidente del Estado también presentó otra denuncia penal contra Costas por el mismo presunto delito de desacato, que esta vez habría cometido el Gobernador de Santa Cruz al acusar a García Linera de recibir dinero del narcotráfico.
Por otro lado, la Comisión de Gobierno, Defensa y Fuerzas Armadas citó para el 20 de de julio a Costas para que brinde un informe oral sobre sus declaraciones que vincularían a García Linera con el narcotráfico.
La investigación por desacato que seguirá el Ministerio Público al gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se iniciará esta semana una vez que la fiscal Rosario Venegas se incorpore a sus funciones, informó el martes el fiscal de Distrito de La Paz, Willams Dávila.
Dijo que la investigación no se había iniciado antes porque la fiscal titular sorteada que llevará el caso estaba de vacaciones y recién retorna a sus labores habituales.
Sobre el tema, el secretario de Gobierno de Rubén Costas, Vladimir Peña, ve la nueva denuncia como un intento de desestabilización de la autoridad departamental y señaló que en su momento definirán la estrategia jurídica para hacer frente a esos ataques del Gobierno. ED/Agencias

Desacato

Delito • “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de 1 a 2 años. Si  fueren dirigidos contra el Pdte. o Vcpdte. de la República, ministros de estado o de la Corte Suprema o de un miembro del Congreso, la sanción se agravará en la mitad”. (artículo 162 del Código Penal)
 

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