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Martes
 15 de Octubre de 2019
Nacional
Constitucionalistas explican las modificaciones y los alcances
Afectación por artículo que sanciona marchas y protestas
La oposición aclara que la ampliación de la detención conlleva privación de libertad obligatoria. Cuestionan discurso del MAS.
Jueves,  26 de Octubre, 2017
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Expertos constitucionalistas confirman que existe afectación a la población en los cambios del artículo que sanciona las marchas y protestas.
La modificación del texto implica puntuaciones directas por las acciones que tomen las personas en algunas manifestaciones.
Aunque el Gobierno insiste en señalar que no hay cambios en el texto, la oposición afirma que existe peligro.

Análisis. El constitucionalista Saúl Paniagua y Williams Herrera, coincidieron por separado en señalar posibles peligros para los bolivianos en este punto modificado en el Código de Sistema Penal, que está siendo debatido en la Cámara de Diputados.

Paniagua señaló que la Constitución Política del Estado (CPE), establece la defensa de los derechos humanos establecidos en Convenios y Tratados Internacionales en beneficio de la población. "Para empezar no se puede sancionar una acción permitida y respaldada en la Constitución y en normas internacionales. Es un derecho de la gente reclamar, marchar o protestar si no está de acuerdo en algo", manifestó.
Paniagua indicó que la modificación de "grupos de personas" por "reunión de personas" que había anteriormente, se diferencian.

"No es lo mismo una reunión en donde se está planificando una acción de afectación al Estado y en donde se atribuyan derechos del pueblo, que una manifestación de grupos de personas que quieren hacer escuchar sus demandas o hacer respetar sus decisiones. Son situaciones diferentes y el Gobierno está cambiando esa posición", dijo.

Observación. En la misma línea, Herrera señaló que existe un fondo político para el cambio del texto en la parte mencionada anteriormente.

"Lo que se pretende es claro, callar las protestas que son en contra del Gobierno. Está claro que quieren frenar las movilizaciones que vengan de aquí en adelante en su contra. Creo que las marchas que sean de personas afines al partido gubernamental, serán las únicas declaradas legales", precisó.

Cumplimiento. Al análisis de los constitucionalistas se suma la explicación de la diputada de Unidad Demócrata (UD), Eliane Capobianco, quien mencionó que en el artículo que aún está vigente, se señalaba como sanción una pena de 1 a 3 años de cárcel, situación que no era cumplida en un penal de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. 

Sin embargo, en el nuevo texto se estima una sanción de 2 a 4 años de privación de libertad, lo que obliga sí o sí a cumplir la sanción en una cárcel.

Añadió que a estas observaciones se suma la prohibición de que la persona sancionada pueda participar en procesos electorales como candidato, dado que queda inhabilitado de forma automática.

"Hay una clara intención del Gobierno de evitar este tipo de movilizaciones, amedrentando a la población", dijo la legisladora.

Posición. En tanto, desde el Gobierno, los parlamentarios del Movimiento Al Socialismo (MAS), insisten que el texto no ha sufrido modificaciones significativas y que se mantiene lo establecido en el artículo que está vigente en la actualidad.