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Entrevista: Luis Tapia Pachi
No se puede violar la independencia de jueces
Lunes,  19 de Mayo, 2014
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Ante las declaraciones del exfiscal Marcelo Soza, de que en el caso Rózsa el Gobierno decidió que se manejara desde La Paz, El Día dialogó con el juez refugiado Luis Tapia Pachi para conocer su criterio.

El jurista, al volver a ratificar que siempre luchó para que se respete el juez natural y que fue lo que motivó su salida de Bolivia, dijo que el proceso generó miedo e incertidumbre.

Por ese motivo, y ante la contaminación de las pruebas, afirmó que el juicio debe anularse.

P. ¿Lo que usted en su momento afirmaba, hoy le da la razón Soza?

L.T.P: En realidad, por los acontecimientos y la posición asumida por el Poder Ejecutivo y por las mismas declaraciones de ellos, era fácil distinguir que no se trataba de un simple proceso y que este debería desarrollarse de la forma normal y de acuerdo a procedimientos.

Hasta con decretos establecieron  sede especial para este  caso. Eso no es reglamentario, con lo manifestado y publicado por el exfiscal Soza apoyado por las declaraciones de los hoy procesados y abogados del Ministerio de Gobierno, corrobora que la juez (Betty) Yañíquez, nombrada como parte integrante del gabinete jurídico y que luego fue premiada por su labor nombrándola como Fiscal del Distrito de La Paz, demuestra  y nos da la razón de lo cuestionado en su momento por mi persona.

P. Con estas revelaciones del exfiscal Soza, ¿el caso debería extinguirse?

L.T.P: No se debería mezclar lo jurídico con lo político, es correcto hablar de política  jurídica pero no así de política partidaria, eso hace mucho daño a la justicia.

Se generó incertidumbre y miedo en los ciudadanos, como juez que fui  de la causa, hoy puedo advertir de las declaraciones de Soza que hay muchas dudas sobre  los designios y  la limpieza del proceso.

Es decir que este proceso no tiene razón de ser, porque está contaminado, sería más honesto  que tanto jueces como fiscales, velando por la justicia  y el cumplimiento de las leyes y en el marco de respeto institucional pongan fin al proceso.

P. Según usted, ¿se trató de un hecho netamente político?.

L.T.P: Por lo que puedo entender ahora esto tiene un fuerte componente político  y no jurídico, esto se explica hasta por cómo han medido los tiempos y han seleccionado a las personas para que este proceso se desarrolle, por eso digo que no es normal y  menos legal.

Olvidaron los del gobierno  que ellos están sometidos a límites concretos que la ley contiene, en un Estado democrático no se pueden suprimir derechos y garantías, menos aún violar la independencia de los jueces  y tribunales para dar paso a codicias  personales de poder y riqueza.

P. Desde su punto de vista estrictamente legal, ¿en qué destino debería tener este caso?

L.T.P: Este proceso ya no es serio, esto es que, a lo procesados no se les respetó el debido proceso,  ni siquiera pudieron contar con un juez natural, menos el derecho a un juicio justo con tribunales imparciales. Estuvo saturado de violaciones a derechos y garantías que brindan las normas, es imposible y de forma civilizada, dictar una resolución sobre la base a violaciones de normas nacionales e internacionales.

P. ¿Qué opinión le merece lo del gabinete jurídico?

L.T.P: Es un mal precedente, no se respetó la legalidad y el debido proceso, esto es para cualquier ciudadano, no se utilizó las vías correctas de la justicia, en este proceso se violó derechos y garantías establecidos en los Tratados y Convenios  sobre  derechos humanos, se transgredió las garantías constitucionales, entonces cómo no va a ser esto un mal precedente, la desvergüenza escandalosa con la que se degeneró la norma.

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