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Otra demanda complica m?s el caso R?zsa
Sa?l ?valos recus? a la sala penal que debe resolver la jurisdicci?n. C?vicos ven chantaje.
Sábado,  22 de Agosto, 2009
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La sala penal primera de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz fue inhabilitada ayer por el abogado Abraham  Quiroga, defensor de la familia Ávalos, para resolver el conflicto de competencias entre un juzgado paceño y un cruceño.
Se trata de otro candado que le ponen a la judicatura cruceña porque este jueves, la sala penal tercera de la Corte Superior de La Paz, como medida precautoria le pidió abstenerse de pronunciarse sobre el tema porque había admitido un amparo constitucional interpuesto por el fiscal que dirige las investigaciones, Marcelo Soza.
El abogado Quiroga argumenta que los vocales de la sala penal primera ya emitieron su opinión sobre el tema porque anteriormente ya se pronunciaron cuando éste por primera vez recusó al juez cruceño Luis Tapia Pachi y la demanda no fue aceptada.
Los vocales Jacinto Morón, Teresa Vera y Teresa Lourdes Ardaya decidieron ayer enviar el caso en consulta a la sala penal segunda para que ésta dilucide si son válidos los argumentos planteados por el abogado Quiroga.
El procedimiento establece que siempre que se plantea una recusa otra sala dirime, sin embargo, ayer  Quiroga recordó que la sala penal segunda, a cargo de los vocales Samuel Saucedo, Adhemar Fernández y Edgar Molina, resolvieron anteriormente la demanda de acción de libertad interpuesta por los ex unionistas David Sejas y Alfredo Saucedo y fueron quienes ordenaron al fiscal Marcelo Soza paralizar las investigaciones.
El caso está relacionado con la supuesta organización terrorista desarticulada el 16 de abril tras la muerte del presunto cabecilla Eduardo Rózsa y dos cómplices en el hotel Las Américas de Santa Cruz.
El presidente de la Corte Superior de Distrito, Oswaldo Céspedes, rehusó pronunciarse ayer sobre la sospechosa forma en que paralizó el caso con un fax y en tiempo récord como denunciara el jueves el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Núñez.
Mientras tanto en La Paz la Sala Penal Tercera de la Corte de Distrito aún no fijó fecha de la audiencia en la que el fiscal Marcelo Soza demanda que los vocales cruceños no pueden resolver el tema del conflicto porque tienen una opinión parcializada porque participaron en un paro convocado por el Comité pro Santa Cruz.
“Esa es una bellacada”, dijo ayer el presidente cívico Luis Núñez al señalar en el cabildo del millón todos los paceños asistieron y no por eso tengan que ser tachados.

hay una lluvia de recursos

Conflicto de competencia • Se plantea cuando dos jueces, en este caso, la paceña Betty Yañíquez y el cruceño Luis Tapia alegan tener el derecho de ejercer el control jurisdiccional de la investigación realizada por la Policía y el Ministerio Público.

Amparo Constitucional • Es un recurso que puede ser planteado cuando alguien cree que sus derechos están siendo vulnerados. Ese es el caso que alega el fiscal Marcelo Soza porque quedó impedido de seguir con las investigaciones del caso.
Recusa • Es un recurso de la defensa en un juicio cuando considera que el o los administradores de justicia tienen cierto interés en un caso y eso podría comprometer su imparcialidad. Es el caso del abogado de la familia Ávalos en contra de la sala penal primera de la Corte cruceña.

Investigación paralizada • Van más de cuatro meses del asalto al hotel Las Américas y según el Nuevo Código de Procedimiento Penal en dos meses más concluye la primera fase y el fiscal debe presentar la imputación.

El Gobierno politizó el caso

El presidente del Senado, Óscar Ortiz, dijo ayer que el Gobierno de Evo Morales está desesperado porque en cuatro meses de supuesta investigación no ha podido acumular pruebas para justificar el discurso de separatismo, magnicidio y terrorismo.
Recordó que por eso ahora quiere dilatar el caso con una serie de recursos porque su intención es usar el tema como discurso de campaña contra una región como la cruceña o los opositores que son combatidos por pensar en forma diferente.
Mientras tanto el considerado inicialmente testigo clave, Ignacio Villa, alias “el Viejo”, no aparece y en base a su testimonio se habían organizado las acusaciones contra dirigentes cruceños.
 

punto de vista

GUIDO NÁYAR
Vicepresidente cívico

‘Esto es obra del chantaje’

Todo lo que está ocurriendo es fruto del chantaje del Gobierno para esconder que se sepa la verdad.  Esto se ha expresado de manera sistemática desde que descabezaron el Tribunal Constitucional usando la misma lógica de Goni, que en su gobierno nunca quiso su apertura y continuaron siguiendo juicio a cada uno de los ministros de la Corte Suprema todo con la intención de controlar los tres poderes con la intención que los ciudadanos y sus adversarios políticos no puedan hacer prevalecer sus derechos cuando son atropellados. Así iniciaron este caso con la juridiscción de La Paz, siendo que el caso se había suscitado en Santa Cruz, pero a pesar de todo la juez Betty Yañíquez envió el expediente a la Corte Suprema cuando se declaró el conflicto de competencia reclamado por el juez cruceño. La Suprema se tomó su tiempo y derivó el caso para que la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz resuelva el conflicto sin embargo ésta al recibir el expediente el lunes esperó hasta el miércoles para hacer el sorteo y derivarlo a una sala penal, la misma que pensaba emitir una resolución hasta el sábado y cuando estaba en ese compás de espera una sala de la Corte de La Paz admitió un amparo constitucional y con un fax enviado a la Corte cruceña paralizó todo en menos de una hora. Todo esto es sospechoso y como para escribirlo en los Guinness Records.

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