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Tribuna
Nuestra justicia ante la comunidad internacional
Sábado,  11  de Febrero, 2012

La representación de las Naciones Unidas en Bolivia ha emitido un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por los varios procesos judiciales de carácter penal que fueron abiertos contra ciudadanos o servidores públicos, identificados políticamente con la oposición. En el contenido de este documento se invocan principios que tienen valor universal cuya observancia es inherente a un Estado de Derecho porque constituyen una garantía de la persona para ejercer sus derechos dentro de cualquier proceso que le sea instaurado.

En el citado documento se declara que “(...) ante la frecuencia de casos judiciales que involucran a personalidades políticas de la oposición, Naciones Unidas desea manifestar su recomendación, nuevamente, de que los mismos sean tratados por las autoridades competentes en un marco de estricto apego a la imparcialidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la transparencia”.

La imparcialidad – lo sabemos- significa que el juzgador no es ni debe ser vulnerable a influencias externas o internas, especialmente de carácter político, que provengan sobre todo de órganos oficiales empeñados en reprimir o anular la disidencia.  La presunción de inocencia puede considerarse como la más firme garantía procesal porque el hecho de iniciar proceso al individuo por la presunta comisión de algún delito no quiere decir que ya debe considerárselo culpable y aplicársele medidas inquisitoriales propias de la edad media. Este principio ha sido formulado –advierte la doctrina- “como un poderoso baluarte de la libertad individual, para poner debido freno  a los atropellos a ella”. Está vigente desde la Constitución de 1967 incluyendo en la actual aunque en esta última la redacción del respectivo precepto (art. 116) no tiene la misma contundencia porque condiciona su aplicación al criterio subjetivo del juez. En cuanto al debido proceso viene a ser la suma de las garantías reconocidas a la persona sobre quien hubiere una acusación de carácter penal. Significa que la persona debe gozar de todas las garantías que la ley le otorga para asumir su defensa durante el trámite del juicio, especialmente si este ha tenido motivaciones políticas, que es la percepción que ha tenido la ONU en Bolivia.

La representación de las Naciones Unidas en Bolivia al recomendar que se guarden las garantías a los que están siendo procesados, hace un recuerdo necesario y oportuno de los principios que deben ser respetados y aplicados. Esto nos lleva a pensar  que las decisiones de los jueces en los casos que preocupa a NNUU serán valoradas por la comunidad internacional porque están en juego derechos fundamentales de las personas.

A propósito, es en el delito de desacato, que viene sirviendo para abrir procesos injustos, que bien podrían los jueces, en acto enaltecedor para la justicia boliviana, limitar la apertura de causa sin disponer, en todos los casos, medidas privativas de libertad, porque en esta figura jurídica del desacato está precisamente comprometido un derecho fundamental como es el de la libertad de expresión, basando su decisión en la Constitución que en su art. 256.II adopta el principio de favorabilidad. De este modo, el Órgano Judicial contribuiría al fortalecimiento de la democracia boliviana al dar aplicación a los principios de armonía social y respeto a los derechos, enunciados en su propia Ley No. 025, entre tanto el Órgano Legislativo tenga que eliminar del código penal el delito de desacato y acercarnos más a una auténtica democracia.

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Rene-Baldivieso-
René Baldivieso
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