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Editorial
Nuestra justicia
Domingo,  16 de Octubre, 2011

Nuestra justicia ha sido siempre de lo peor. Eso cobró fama mundial y nadie puede afirmar lo contrario. Pero seguramente nunca ha estado peor que ahora. ¿Para qué quiere el Gobierno del MAS cambiar la justicia? Esa es la pregunta de fondo que deben hacerse todos los bolivianos a la hora de emitir su voto este domingo.   

En lo del Tipnis y la carretera que ha despertado tanta polémica y tantos conflictos en los últimos meses, el Gobierno encabezado por Evo Morales no ha respetado ni una sola de las leyes que el Estado debía cumplir antes de ordenar que los tractores abran las brechas y los ingenieros y obreros de una empresa extranjera tomen las herramientas para iniciar una obra que supone la violación de un territorio indígena protegido por varias normas y específicamente por la Constitución Política del Estado, cuya premisa fundamental fue la inclusión social y el paradigma de lo “plurinacional” dirigido hacia el respeto del hábitat, las costumbres y la cultura de 36 naciones originarias a las que se les reconoce la propiedad inviolable de buena parte del territorio nacional. 

El Gobierno no hizo un estudio de impacto ambiental, no llamó a licitación, no cumplió con la consulta previa a los pueblos indígenas y para colmo, ha suscrito un contrato que está sujeto a las leyes de una nación vecina, que además de imponer sus condiciones y sus intereses, por encima de las demandas y las leyes bolivianas, presiona insistentemente para que el presidente boliviano cumpla con su promesa de abrirles paso por el Tipnis.

Para colmo, hoy el régimen pretende subsanar toda esa cadena de atropellos con una nueva norma que viola la carta magna y que por encima de todo, está sujeta al capricho del caudillo, quien ha aclarado que los resultados de la consulta establecida por la insólita figura legal no tendrá carácter vinculante, es decir, que se aplicará solo si le da la gana al Presidente. 

¿Qué va a pasar si el régimen de Evo Morales consigue imponer un nuevo poder judicial compuesto por militantes y exfuncionarios del Gobierno que claramente están inclinados por el oficialismo? Es obvio que todos estos funcionarios, de la misma manera que lo hacen  los miembros de la Asamblea Plurinacional, los integrantes del Ministerio Público y de todos los organismos llamados por ley para ejercer el control y la supervisión del ejercicio del poder, van a avalar todas las acciones que ha perpetrado el régimen no sólo en el caso del Tipnis, pues en estos seis años han abundado los ejemplos de violaciones al ordenamiento jurídico. De hecho, hasta la propia Constitución está llena de irregularidades y el sello imperante del “proceso de cambio” ha sido “meterle nomás y que luego legalicen los abogados”. 

Precisamente son estos jueces elegidos descaradamente por el MAS y sometidos a una votación cargada de sospechas de fraude, los abogados ideales de los que hablaba el primer mandatario aquella vez. Curiosamente, justo hoy el régimen prefiere abandonar el discurso de la legitimidad que ha estado usando para justificar sus atropellos y apela a un legalismo con pies de barro. 

El Gobierno del MAS podrá imponer sus jueces porque, de hecho, ha estado tratando de hacer valer la idea de que con solo 131 votos convalidarán el triunfo de los diferentes candidatos. Lo que no va a poder es evitar las consecuencias posteriores y pagar la factura por haber pisoteado con tanto abuso los valores democráticos, las leyes y los derechos de las personas. Lo deseable sería que la ciudadanía comprenda después de esta traumática experiencia que mientras en el país no impere el estado de derecho, las posibilidades de salir del atraso seguirán muy lejanas.

¿Qué va a pasar si el régimen de Evo Morales consigue imponer un nuevo poder judicial compuesto por militantes y ex funcionarios del Gobierno que claramente están inclinados por el oficialismo? Seguramente van a avalar todas las acciones que ha perpetrado el régimen no solo en el caso del Tipnis, pues en estos seis años han abundado los ejemplos de violaciones al ordenamiento jurídico.

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