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Editorial
La demora del censo
Sábado,  20 de Agosto, 2011

El Gobierno ha dado por hecho que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realizará el 2012, y según sus voceros, a mediados del mismo. En los hechos, esto significa una postergación perjudicial, porque demora una nueva y justa redistribución de recursos según los resultados que se obtengan. Algunos departamentos, como Santa Cruz, contando con mayor crecimiento demográfico según el último censo hace 10 años, no han recibido hasta ahora los recursos que les corresponde. Sin recursos, no ha sido posible satisfacer las necesidades largamente postergadas. Por lo mismo, mayores demoras para realizar el nuevo Censo significan  solo mayores e intolerables perjuicios.
 
Como si la demora no fuera suficiente, ha trascendido que los resultados del censo previsto para el 2012 se aplicarán recién en el año 2015. Esta posibilidad ha llenado de honda preocupación a la opinión pública cruceña, a la propia dirigencia cívica y a la ciudadanía en general, porque toda demora prolongará sin duda la larga espera por la recepción justa de los recursos que corresponden a Santa Cruz. Se sospecha que existen motivos políticos para este suspenso, porque supondría que el Gobierno ni siquiera ha pensado iniciar la distribución de recursos en el 2013, peor en el 2014, porque frente a un año electoral como es, actividades previstas podrían verse entorpecidas con otras.
 
Las medidas de presión que Santa Cruz pretende llevar adelante ante el Gobierno, con el fin de lograr se considere la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda a principios del 2012, es decir cuanto antes, resulta no solo legítima por donde se la vea, sino que además se erige en una postura necesaria y sensata para encarrilar lo que se estima una errada dirección gubernamental. Además no se trata tan solo de protestar, sino que además existen pronunciamientos claros sobre aportes concretos financieros de parte de la Gobernación y los Municipios a fin de que la realización del Censo no sufra más demoras. Es más, se ha propuesto realizar censos regionales con recursos propios.
 
El solo hecho que Santa Cruz se haya declarado en emergencia y convocado a la ciudadanía y los sectores para que se sumen a las medidas de presión que definirá la citada Cumbre de fines de agosto, muestra la determinación de la región porque se respete su derecho a acceder a los recursos que le corresponden por ley. Es de conocimiento general que Santa Cruz pierde veinticinco millones de dólares por cada año que no recibe sus recursos, suma de dinero a todas luces necesaria para satisfacer necesidades. Por tanto, significa también, pérdida de valiosas oportunidades de usar recursos económicos propios para emprender grandes obras en beneficio colectivo.
 
No parece justo que prevalezca el cálculo político del Gobierno –que lleva agua solo a su propio molino- porque su interés se dirige a evitar la redistribución de recursos que originaría en departamentos afines al oficialismo un lógico descontento por pérdida de dinero y escaños parlamentarios, justo antes de un año electoral como es el 2014. Sin embargo, es precisamente esta situación la que ofrece razones valederas a Santa Cruz para reclamar lo suyo con todas sus fuerzas, siendo lo suyo legal y legítimo. Por tanto, para alejar toda sospecha de intereses subalternos el Gobierno debería realizar el Censo de Población y Vivienda cuanto antes y redistribuir los recursos conforme a la ley.

Para alejar toda sospecha de intereses subalternos, el Gobierno debería realizar el Censo de Población y Vivienda cuanto antes, y luego redistribuir recursos conforme a la ley.

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