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 7 de Marzo de 2021
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Tras el fraude del 20 de octubre
Encuestadoras piden sanción por manipulación
Información. Los ciudadanos deben conocer estos datos como la ficha técnica, afirmó el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez.
Sábado,  4  de Enero, 2020
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Las elecciones del 20 de octubre, anuladas tras evidenciarse un fraude a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), también generaron discusión sobre mecanismos que se llevaron en el marco de esos comicios, como las encuestas en cadena y censuras a otras que no favorecían al gobierno anterior. Esto ha llevado a plantear sanciones a las encuestadoras que "manipulen" el voto y a sugerir que la población esté más atenta a la fiabilidad de los datos. 

Situación. El diputado Amilcar Barral presentó, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una solicitud para que se reglamente y se sancione a empresas y encuestas que incurran en manipulación e influencia del voto de la ciudadanía, por datos sesgados o a favor de uno de los candidatos. El documento de Barral establece que "para las siguientes elecciones se elabore un reglamento de encuestas y publicación de las mismas, auditando de manera rigurosa y transparente para su autorización, incluyendo en dicho reglamento, sanciones duras para las empresas, instituciones, personas y otros; desde sanciones pecuniarias, multa, clausura y proceso penal, incluso la cárcel, para los que osen manipular y direccionar encuestas que puedan influir en la decisión de la gente y sobre todo favorecer a un candidato". El asambleísta sugiere que esta reglamentación debe estar incluida en la modificación de la actual Ley de Régimen Electoral. 

El TSE. El vocal y presidente  del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró que no existe ninguna restricción para la difusión de encuestas de preferencia electoral porque no hay una convocatoria aún a elecciones generales.

Otra propuesta. Hace un par de días la presidenta, Jeanine Áñez, presentó un proyecto de ley de ajuste a dicha norma para que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales sean obligados a debatir públicamente, tal proyecto añade un acápite al artículo 137 de la Ley 026, en el que "se establece la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre todos los candidatos a Presidenta y/o Presidente y Vicepresidenta y/o Vicepresidente, con la finalidad de dar a conocer y/o debatir ante el electorado los programas de gobierno de los partidos y/o agrupaciones políticas en el marco de la transparencia e igualdad de oportunidades previstos en los principios, valores y fines constitucionales del Estado". 

Agencias eldia@eldia.com.bo
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