Las elecciones del 20 de octubre, anuladas tras evidenciarse un fraude a favor del Movimiento Al Socialismo (MAS), también generaron discusión sobre mecanismos que se llevaron en el marco de esos comicios, como las encuestas en cadena y censuras a otras que no favorecían al gobierno anterior. Esto ha llevado a plantear sanciones a las encuestadoras que "manipulen" el voto y a sugerir que la población esté más atenta a la fiabilidad de los datos. 

Situación. El diputado Amilcar Barral presentó, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), una solicitud para que se reglamente y se sancione a empresas y encuestas que incurran en manipulación e influencia del voto de la ciudadanía, por datos sesgados o a favor de uno de los candidatos. El documento de Barral establece que "para las siguientes elecciones se elabore un reglamento de encuestas y publicación de las mismas, auditando de manera rigurosa y transparente para su autorización, incluyendo en dicho reglamento, sanciones duras para las empresas, instituciones, personas y otros; desde sanciones pecuniarias, multa, clausura y proceso penal, incluso la cárcel, para los que osen manipular y direccionar encuestas que puedan influir en la decisión de la gente y sobre todo favorecer a un candidato". El asambleísta sugiere que esta reglamentación debe estar incluida en la modificación de la actual Ley de Régimen Electoral. 

El TSE. El vocal y presidente  del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, aseguró que no existe ninguna restricción para la difusión de encuestas de preferencia electoral porque no hay una convocatoria aún a elecciones generales.

Otra propuesta. Hace un par de días la presidenta, Jeanine Áñez, presentó un proyecto de ley de ajuste a dicha norma para que los candidatos presidenciales y vicepresidenciales sean obligados a debatir públicamente, tal proyecto añade un acápite al artículo 137 de la Ley 026, en el que "se establece la obligatoriedad de debates preelectorales públicos entre todos los candidatos a Presidenta y/o Presidente y Vicepresidenta y/o Vicepresidente, con la finalidad de dar a conocer y/o debatir ante el electorado los programas de gobierno de los partidos y/o agrupaciones políticas en el marco de la transparencia e igualdad de oportunidades previstos en los principios, valores y fines constitucionales del Estado".